La Corte rechazó un planteo de Freidenberg

A Alicia Freidenberg se le cerró una importante puerta en el intento por ser repuesta en el cargo de camarista penal, del que fue destituida en enero por el Tribunal de Juicio Político de la Legislatura.
En una sentencia dictada el miércoles y conocida ayer, la Corte Suprema de Justicia rechazó sus planteos contra la decisión parlamentaria y declaró inadmisible el juicio de amparo presentado contra la Provincia. Por añadidura, también negó la medida cautelar solicitada para volver al cargo hasta que se sustancie el fondo de la causa.
El fallo fue firmado por René Mario Goane, Antonio Gandur y Héctor Eduardo Area Maidana. El presidente del máximo tribunal, Alfredo Carlos Dato, se excusó de entender en el expediente, porque había declarado a favor de la ex camarista en el juicio político en la Legislatura. El quinto vocal, Alberto José Brito, estaba fuera de la provincia, en una gestión oficial.
Los jueces supremos dejaron abierta la posibilidad de que la penalista recurra su expulsión de la Cámara Penal por un proceso ordinario (no por la vía del amparo), sea en la Provincia o en la Nación. "La determinación de la eventual invalidez del acto requiere una mayor amplitud del debate y prueba que la vía expedita del amparo no es la idónea", se puntualizó.
Además consideran que las objeciones formuladas por Freidenberg sólo expresan la valoración que ella efectúa, no resultando nítidas ni concluyentes de modo manifiesto, sin perjuicio que correspondan ser ponderadas en el proceso contencioso judicial idóneo y por el órgano competente. Plantearon que se deberá acreditar que realmente se configuraron los vicios de procedimiento.
Freidenberg había cuestionado su destitución bajo el argumento de que había sido resuelta en un procedimiento infectado en su forma y en su sustancia por los vicios de ilegalidad y arbitrariedad manifiesta. Además planteó la inconstitucionalidad del artículo 26 de la ley 6.374, que dispone la irrecurribilidad de la decisión del Tribunal de Juicio Político y de la parte del Código Procesal Constitucional, que excluye el amparo como forma de objetar una condena de la Legislatura.

Decisión institucional
La Corte desestimó todos los argumentos. Destacó que el juicio político aborda una decisión de contenido político constitucional y de trascendencia institucional, en un proceso jurisdiccional no judicial, en el marco de la forma republicana de Gobierno y para la preservación y consecución del bien común.
En ese contexto, los vocales remarcaron: "la efectiva tutela judicial del derecho que la peticionante pretende debe subordinarse a la necesaria protección del eminente interés de la comunidad". Y añade el fallo: "no aparece como irrazonable el juicio prudencial legislativo. El precepto, cuya inconstitucionalidad se pide, goza de razonabilidad, toda vez que el resultado final del juicio político es el producto de un procedimiento reglado donde se establece plazos para preparar la defensa; la apertura a prueba de la misma; sesión pública para oír a los acusadores y al acusado sobre el mérito de la prueba; sesión pública en la que se pronuncia la resolución definitiva por votación nominal sobre cada cargo, expidiéndose por sí o por no; y mayorías especiales de 2/3 de los miembros presentes del Tribunal de la Legislatura".