La Legislatura dejó firmes los 19 vetos firmados en enero por el gobernador

La Legislatura optó por no insistir en ninguna de las 19 leyes vetadas por el Poder Ejecutivo en los primeros 30 días de 2006. Ayer venció el plazo fijado por la Constitución para utilizar esa prerrogativa y la cuestión que había generado fuertes tensiones políticas a comienzos de año pasó casi inadvertida en lo que fue la última sesión del año parlamentario. Sólo el bussista Ernesto Padilla solicitó que la Cámara deje firme la norma por la que se había habilitado el pago del adicional por título a los policías y guardiacárceles, pero el oficialismo no acompañó el pedido; por lo que la anulación dispuesta por el Gobierno quedó firme.
Entre el 28 de diciembre y el 30 de enero, el gobernador José Alperovich firmó un paquete de vetos. En poco más de 30 días, anuló 19 leyes sancionadas por la Legislatura en el último tramo de 2005, entre las que se incluía un régimen de protección para niños, niñas y adolescentes, y el reordenamiento territorial del departamento Burruyacu. También se vetó la ley que había creado fiscalías de Instrucción barriales, otra que había autorizado la cesión de un inmueble a la Fundación San Jorge y un reconocimiento de diferencias para los jubilados del ex BPT transferidos a la Nación.
Las resoluciones del gobernador provocaron un sacudón institucional, a tal punto que el vicegobernador Fernando Juri anunció la creación de una comisión especial para analizar cada uno de los vetos. La comisión nunca funcionó oficialmente. Con la sesión realizada ayer, que dio continuidad a la reunión iniciada el lunes, venció el plazo para que la Legislatura pueda utilizar su derecho a insistir en las normas objetadas por el Poder Ejecutivo.

Decreto inexistente
El presidente de la bancada justicialista, Rodolfo Ocaranza, aclaró que la Legislatura puede, durante el período ordinario de sesiones que comienza el sábado, sancionar con una mayoría absoluta la misma ley que fue vetada. En ese caso, según fija la Constitución, el gobernador estará obligado a promulgarla.
La referencia de Ocaranza intentó aplacar el planteo realizado por el legislador Ramón Graneros ( Participación Cívica), que retiró su pedido para que sea insistido el reconocimiento a los jubilados. "Tengo el compromiso de que vamos a sancionar otra norma similar durante este año", mencionó el parlamentario ex radical.
Entre los temas analizados en la sesión de ayer, se destaca la aprobación de una resolución que dejó sin efecto la eliminación del ítem Estado Docente, incluido en la planilla salarial de todos los educadores de la provincia. La decisión fue tomada por el Gobierno en dos decretos sucesivos firmados el 8 y el 13 de marzo, respectivamente ( 510 y 584), pero el primero de ellos no fue comunicado a la Cámara en el plazo que fija la ley. Por esta razón y sobre la base de un dictamen de los asesores jurídicos, el cuerpo resolvió declarar inexistente la decisión y devolver las actuaciones al Poder Ejecutivo.
La medida fue celebrada ruidosamente por los dirigentes de la Unión Docentes de Tucumán y de Sadop, que advirtieron que el Estado deberá abonar la diferencia a los maestros y a los profesores que sufrirán el descuento al cobrar el salario de marzo.