En su voluminoso descargo ante el Consejo de la Magistratura (CM) de la Nación, el juez federal Jorge Terán habría deslindado responsabilidades en la labor de los abogados del Estado nacional, en quienes habría centrado sus críticas. La comisión de Acusación del órgano le sigue un sumario por supuestas irregularidades durante la tramitación de causas vinculadas a pagos de títulos públicos afectados por el default que sufrió la Argentina a fines de 2001. El objetivo es determinar si Terán incurrió en alguna causal de destitución.
El sumario tiene como origen la acción de amparo mediante la cual una jubilada reclamaba 620.000 dólares por bonos en cesación de pagos; pero cuando Terán libró una medida cautelar a favor del pago, el Ministerio de Economía de la Nación descubrió que había cerca de $ 5 millones de dólares en la cuenta de la mujer. En consecuencia, el magistrado debió bloquear la orden originaria.
En el escrito, que presentó con el patrocinio del abogado Francisco J. D?Albora (h), Terán habría aclarado que no sólo dejó sin efecto la orden de pago, sino que en agosto de 2005 él mismo efectuó una denuncia penal, para que se investigaran los hechos, que ya eran conocidos por funcionarios y abogados del Ministerio de Economía de la Nación.
El magistrado también habría señalado que, cuando él dictó la medida cautelar en favor de Inés Yolanda Borquez, aquella sólo comprendía los títulos que la mujer había adquirido con anterioridad a la resolución y no los que habrían sido comprados con posterioridad al default.
Asimismo, el juez habría insistido en que la auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación, en la que se basó la del CM y que fue determinante para que le abrieran el sumario, buscaba precisamente determinar cuál había sido la actuación de los abogados del Estado en defensa de los intereses del erario.
El sumario tiene como origen la acción de amparo mediante la cual una jubilada reclamaba 620.000 dólares por bonos en cesación de pagos; pero cuando Terán libró una medida cautelar a favor del pago, el Ministerio de Economía de la Nación descubrió que había cerca de $ 5 millones de dólares en la cuenta de la mujer. En consecuencia, el magistrado debió bloquear la orden originaria.
En el escrito, que presentó con el patrocinio del abogado Francisco J. D?Albora (h), Terán habría aclarado que no sólo dejó sin efecto la orden de pago, sino que en agosto de 2005 él mismo efectuó una denuncia penal, para que se investigaran los hechos, que ya eran conocidos por funcionarios y abogados del Ministerio de Economía de la Nación.
El magistrado también habría señalado que, cuando él dictó la medida cautelar en favor de Inés Yolanda Borquez, aquella sólo comprendía los títulos que la mujer había adquirido con anterioridad a la resolución y no los que habrían sido comprados con posterioridad al default.
Asimismo, el juez habría insistido en que la auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación, en la que se basó la del CM y que fue determinante para que le abrieran el sumario, buscaba precisamente determinar cuál había sido la actuación de los abogados del Estado en defensa de los intereses del erario.







