Dato y Alperovich enfrentarán varias trabas

La expectativa está instalada en Tribunales. Todos están pendientes de las cruciales gestiones que, de manera conjunta, realizarán el gobernador José Alperovich y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Carlos Dato, ante la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Durante la próxima semana, el jefe del Poder Ejecutivo y de la Justicia buscarán que se incluya a los magistrados tucumanos en el régimen previsional nacional del Poder Judicial. Este sistema establece que los jueces y los funcionarios judiciales pueden jubilarse a los 60 años, con el 82% móvil.
De concretarse el cambio de régimen, estarían en condiciones de jubilarse el 25% de la actual planta de magistrados, ya que hay 44 jueces, fiscales y defensores que tienen más de 60 años. En general, cumplirían también con la exigencia de haber realizado aportes en forma continuada por 10 años o discontinuados por 15 años.
Sin embargo, hay un problema extra por atender. Los magistrados realizan actualmente aportes por el 9% de sus sueldos (antes era del 7%), mientras que en el orden nacional es del 12%, por estar incluidos, precisamente, en un régimen especial. La diferencia debería ser saldada con un mecanismo ideado puntualmente, que podría ser un descuento mensual sobre los haberes pasivos que se cobren a partir de que se retiren del cargo.
De concretarse el cambio de sistema, los magistrados pasivos mejorarían sus ingresos, que pasarían al doble de los sueldos actuales para el sector.

Problemas en el horizonte
El horizonte no estaría totalmente despejado, por cuestiones estrictamente políticas. La noticia de que la reunión que tendrá lugar el jueves entre Alperovich y Dato se realizará con el titular de la Anses, Sergio Massa, causó preocupación en ciertos ámbitos. Según trascendió, Massa estaría enfrentado con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien sería el encargado final de definir el pedido tucumano.
Además, la estrategia de solicitar un acuerdo directo entre la Provincia y la Nación (por separado de los otros diez distritos en igual situación) chocaría con el criterio de Tomada, quien es proclive a realizar un pacto general. Así lo anticipó el año pasado en una reunión mantenida con representantes de la Federación Argentina de Magistrados y de la Junta Federal de Cortes.
En su momento, el ministro de Trabajo había explicado que los problemas por solucionar eran exclusivamente presupuestarios, a partir del mayor costo que tendría el pase de un sistema con techo de remuneraciones ($ 3.100 mensual) a uno proporcional al sueldo en actividad (entre $ 6.000 y 8.000 por mes), según la cantidad de magistrados por abarcar.