Por Redacción Política
28 Marzo 2006
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“Están confundidos. No se trata de un incremento de haberes, que está prohibido por la Constitución provincial, sino de adicionales inherentes al ejercicio del cargo. Esto no es inconstitucional, está ajustado a derecho y cuenta con el dictamen favorable de las áreas competentes”. De este modo, el secretario general de la Gobernación, Francisco Sassi Colombres, defendió el decreto por el que el gobernador José Alperovich reajustó y fijó en $ 9.000 el tope máximo de la remuneración mensual que, por todo concepto, recibirán él, los ministros, los secretarios y los subsecretarios desde el 1 de enero.
Por medio de la polémica disposición, que el 21 del corriente fue publicada en el Boletín Oficial, el mandatario también estableció que ningún asesor o personal de gabinete puede percibir más de $ 6.000 por mes. Asimismo, determinó una sobreasignación especial para los ministros y las autoridades superiores.
El funcionario aclaró que los adicionales no son remunerativos y tampoco responden a un ajuste por inflación, razón por la que no se hizo alusión en el decreto. “Las críticas efectuadas (a la disposición) no responden a razones jurídicas, sino más bien políticas”, aseguró.
Una denuncia penal
El decreto 4/2006, de Alperovich, recibió fuertes críticas de la oposición. El abogado Clímaco de la Peña, del Grupo Alberdi, comparó el hecho con un aumento de las dietas de los legisladores que el gobernador Celestino Gelsi vetó en 1959.
Otro de los que levantó su voz contra el acto administrativo fue el legislador Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes), por cuyo mandato, ayer, el apoderado de ese partido, el abogado Rubén López, concretó una denuncia en mesa de entrada penal del Poder Judicial.
Danesi denunció a Alperovich por supuesta malversación de caudales públicos, por abuso de autoridad y por violación de los deberes de funcionario. En la presentación, afirma que el mandatario habría violado los artículos 81 y 94 de la Constitución provincial, que prohíben alterar el sueldo del gobernador y de los ministros. El legislador también advirtió que se habría transgredido el artículo 4, que veta las disposiciones que tengan por fin acordar una remuneración extraordinaria a empleados o funcionarios por los servicios ordinarios.
Por medio de la polémica disposición, que el 21 del corriente fue publicada en el Boletín Oficial, el mandatario también estableció que ningún asesor o personal de gabinete puede percibir más de $ 6.000 por mes. Asimismo, determinó una sobreasignación especial para los ministros y las autoridades superiores.
El funcionario aclaró que los adicionales no son remunerativos y tampoco responden a un ajuste por inflación, razón por la que no se hizo alusión en el decreto. “Las críticas efectuadas (a la disposición) no responden a razones jurídicas, sino más bien políticas”, aseguró.
Una denuncia penal
El decreto 4/2006, de Alperovich, recibió fuertes críticas de la oposición. El abogado Clímaco de la Peña, del Grupo Alberdi, comparó el hecho con un aumento de las dietas de los legisladores que el gobernador Celestino Gelsi vetó en 1959.
Otro de los que levantó su voz contra el acto administrativo fue el legislador Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes), por cuyo mandato, ayer, el apoderado de ese partido, el abogado Rubén López, concretó una denuncia en mesa de entrada penal del Poder Judicial.
Danesi denunció a Alperovich por supuesta malversación de caudales públicos, por abuso de autoridad y por violación de los deberes de funcionario. En la presentación, afirma que el mandatario habría violado los artículos 81 y 94 de la Constitución provincial, que prohíben alterar el sueldo del gobernador y de los ministros. El legislador también advirtió que se habría transgredido el artículo 4, que veta las disposiciones que tengan por fin acordar una remuneración extraordinaria a empleados o funcionarios por los servicios ordinarios.
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