El PJ no cedió a la presión empresaria

Las negociaciones de último momento fueron infructuosas. El peronismo mantuvo su dictamen sobre el nuevo Código Tributario, que fue sancionado ayer por la Legislatura con una mayoría de 25 votos contra 12 de los bloques de la oposición, que se inclinaron por la propuesta de la minoría firmada por el bussista José Costanzo. Empresarios y profesionales se retiraron con un sabor amargo tras haberse movilizado para solicitar la postergación del debate, aunque reconocieron que lo aprobado difiere de la idea original remitida en diciembre por el Poder Ejecutivo.
Legisladores y representantes de las asociaciones intermedias se reunieron por última vez antes del comienzo de la sesión. El encuentro se concretó en la biblioteca de la Cámara, entre las 9 y las 10. Con distintos argumentos, una veintena de representantes de organizaciones empresariales, de consumidores y de los colegios profesionales trató de convencer a los justicialistas Fernando Juri Debo, Rodolfo Ocaranza, Víctor Lossi, Alejandro Martínez y Daniel Herrera de que cambiaran el texto del dictamen de la mayoría.

Diferencias de opiniones
En la reunión quedaron expuestas las diferencias entre los distintos sectores. El presidente del Colegio de Abogados, Antonio Bustamante, destacó la predisposición al diálogo que manifestaron los legisladores. “La diferencia que tenemos con el dictamen es entre lo que se avanzó en la comisión técnica, que es la postura de máxima, y lo que se decidió en Hacienda, que es la de mínima”, puntualizó.
En cambio, los empresarios mantuvieron un criterio más duro y reclamaron la postergación por 30 días del dictamen, para acordar cambios en su redacción. Al finalizar ese encuentro, el fastidio era evidente. El bloque del PJ se reunió a puertas cerradas y rediscutió la estrategia. Lo acompañó el ruido de las bombas de estruendo y de los bombos que sonaban en la puerta del edificio legislativo y la confirmación de que decenas de camiones que habían sido movilizados por los empresarios permanecían en el parque 9 de Julio a la espera de una definición.
En el encuentro, varios legisladores sugirieron sancionar el proyecto original del PE, pero primó el criterio de mantener el dictamen de mayoría con los cambios consensuados para evitar más fricciones. El presidente de la bancada, Rodolfo Ocaranza, declaró que se llegó a ese acuerdo luego de arduas y tensas conversaciones.
Durante el debate, Juri Debo y Sisto Terán defendieron la propuesta oficial. Desde las bancas opositoras, se cuestionó la política tributaria, aunque se reconoció la vocación dialoguista puesta de manifiesto por las autoridades de la Legislatura.


MEDIDAS CAUTELARES.- Las reformas autorizan a la DGR a solicitar a la Justicia embargos preventivos, u otras medidas cautelares (incluso la inhibición general de bienes), una vez que la deuda haya sido determinada y que se haya confeccionado el acta respectiva. También se fijó un piso equivalente a 200 veces el impuesto mínimo sobre los Ingresos Brutos para pedir las medidas.

COBRO DE INTERESES.- La falta de pago total o parcial de las deudas con el fisco devengará un interés mensual del 1,5%. Se facultó al Ministerio de Economía a modificar esa tasa, pero se impuso un límite vinculado a las operaciones de cuenta corriente del Banco Nación. La comisión de Hacienda sostiene que se logró un avance muy importante al derogar el cómputo de los intereses sobre multas, en relación con la deuda tributaria original.

BASE IMPONIBLE PARA PROFESIONALES.- Los cambios al Código Tributario modificarán el piso por el que los profesionales deberán pagar Ingresos Brutos. Cuando la norma sancionada ayer sea promulgada, abonarán este concepto aquellos matriculados cuyos ingresos mensuales por el ejercicio de su actividad superen los $ 6.000. El oficialismo dijo que esta reforma es un avance, porque el proyecto del Poder Ejecutivo había fijado el mínimo en $ 2.000.

TRANSPORTE DE MERCADERIA.- Los legisladores alteraron ayer el Título VII del digesto tributario,que regula todo lo vinculado a las mercaderías y bienes transportados por las rutas provinciales. Se autorizó a la DGR a retener aquellos vehículos que no acrediten la legitimidad de origen de los productos y a requerir a la Justicia el decomiso y la venta de los mismos. Los legisladores consideraron que se logró un avance al haber impuesto la obligación de comunicar las medidas a Policía y a los jueces de turno.

CITRUS Y CAÑA.- La Legislatura eliminó la alícuota cero para la producción primaria de frutas. La medida afectará al citrus, al limón y al arándano, entre otros. En relación con la actividad azucarera, la reforma cambiará la base para el cálculo de Ingresos Brutos. Hasta ahora, los productores abonaban el impuesto sobre la diferencia obtenida entre compra y venta. Desde este año, se liquidará sobre lo obtenido en la venta. El oficialismo aseguró que se disminuirá la alícuota por el interés social que genera la actividad.

EDUCACION.- Los establecimientos educativos de enseñanza privada quedaron eximidos del pago del impuesto a los Ingresos Brutos, siempre que tengan autorización oficial para funcionar.


“Hace dos años, trabajamos más de seis meses en un código que finalmente fue vetado. Ahora, el Gobierno acepta los cambios, que si bien no responden al 100% de lo pedido, es viable, para que no se termine en otro veto. Esta situación habría llevado a que perdamos todo lo conseguido para la seguridad jurídica de los pequeños y medianos contribuyentes. Si algún sector se siente afectado, estamos dispuestos a seguir dialogando y mediando con el PE para corregir aspectos que no pudimos cambiar. Este bloque priorizó la idea del conjunto, no las particulares”.
Fernando Juri Debo (PJ)

“El cien por cien de los tucumanos evadimos. En nuestra cultura, la economía informal supera a la economía en blanco. La evasión es un flagelo y hay que combatirla. Con estos cambios, que no son una reforma de raíz en el sistema tributario, estamos trayendo a la Provincia herramientas procedimentales que ya tiene la Nación para recaudar mejor.Tucumán no cuenta con los beneficios de otras provincias; por ejemplo Salta, que recibe regalías petroleras. Hay una dependencia con el Gobierno nacional y nosotros debemos tomar las previsiones para que no nos sorprendan situaciones de quebranto”.
Sisto Terán (PJ)


“Las reformas introducen una relación arbitraria y en desmedro del contribuyente, con incremento de facultades para Rentas y un marcado fiscalismo. Tucumán triplicó su recaudación, pero bajó el índice de inversión privada. Deberíamos discutir las bases para revertir esa situación. Alperovich debe dejar de lado su soberbia. El ministro Jorge Jiménez es el émulo de José Alfredo Martínez de Hoz”.
José Costanzo (FR)

“La iniciativa del Gobierno debe ser calificada de terrorismo tributario”.
Jorge Mendía (UCR)

”Hoy, los pobres tributan el 48% de los ingresos fiscales por el IVA al consumo. Este Código exime sólo a los fideicomisos del Impuesto a los Sellos. Fracasó la democracia indirecta. Hace falta la lucha social”.
Alejandro Sangenis (MP3)

“Me preocupa esta reforma, porque mantiene puntos que son inconvenientes, como el plazo máximo de 300 días hábiles en los secuestros de mercaderías y otras disposiciones sobre la verificación tardía en quiebras que violan normas de fondo”.
Pedro Stordeur (Recrear)

“No debatimos la política económica de la Provincia, sino sólo de algo que repercutirá en los bolsillos de absolutamente todos los tucumanos. Las provincias crecen bajando sus impuestos”.
Carlos Canevaro (FR)

“ Se está perdiendo una oportunidad histórica de redefinir el sistema impositivo de Tucumán para el futuro”.
José Cano (UCR)

“El gobernador debe leer la Constitución que quiere cambiar. Persiste peligrosamente en reclamar para sí potestades tributarias que están reservadas a la Legislatura”.
Ernesto Padilla (FR)

“Esta reforma no respeta el principio de igualdad que debiera ser la base de todo régimen tributario. La Cámara debería tomarse un nuevo plazo”.
Rodolfo Danesi (CI)

“Las advertencias de las entidades intermedias ponen en riesgo a la Provincia, pero la culpa de todo no la tiene el Gobernador”.
Ramón Graneros ( PC)