Crece el reclamo para que se aplace el debate legislativo

La inminencia de la sesión legislativa en la que se tratará la polémica reforma al Código Tributario genera preocupación en los empresarios y en los profesionales. A tal punto que, en un documento conjunto, las entidades intermedias reclamaron a la Legislatura que postergue el debate -previsto para mañana- hasta tanto se logre un genuino consenso respecto de las nuevas normas que regirán la relación entre el Estado y los contribuyentes.
“Advertimos que, de sancionarse un código sin las modificaciones acordadas -entre los técnicos de la Cámara y de las entidades-, Tucumán seguirá siendo la provincia de mayor presión tributaria del país; continuará la ausencia de inversiones productivas; aumentará nuestra desventaja competitiva en la región y no se generarán puestos genuinos de trabajo”. Claro y contundente, fue el mensaje de las asociaciones de Transportadores de Cargas y Tucumana del Citrus (ATC); la Cámara de Comercio Exterior; el Centro Azucarero (CART); los colegios de Abogados, de Arquitectos, de Escribanos y de Graduados en Ciencias Económicas; el Consejo Profesional de Ingenieros; la Federación de Entidades Profesionales Universitarios (Feput); la Federación Económica (FET); la Fundación del Tucumán; la Sociedad Rural; la Unión Cañeros Independientes (UCIT) y de la Unión Industrial. Las organizaciones insistieron en que se persistiría en establecer las relaciones del Estado con los contribuyentes como poder, y no de derecho, además de mantener las prorrogativas discrecionales para la Dirección de Rentas.

La producción primaria
La inquietud crece en el sector citrícola a raíz de la decisión oficial de quitar las exenciones en el impuesto a los Ingresos Brutos para la producción primaria de frutas. En ese sentido, en una carta abierta al gobernador José Alperovich y a la Cámara, la ATC exhortó a mantener la exención. Y advirtió que, de sancionarse la reforma tal como está, responsabilizan al Ejecutivo y al Legislativo “por su inacción en el momento crítico que vive la actividad limonera”. “Nos preguntamos si hay que rodear la Cámara con tractores de color naranja para imponer un criterio”, acota el documento de los citricultores.

El borrador enviado por el PE en diciembre sufrió algunos cambios en el dictamen firmado por cuatro oficialistas. El bussista José Costanzo hizo propios los reclamos sectoriales

EL PLANTEO DEL GOBIERNO
MAS FACULTADES PARA EL FISCO
Se establece que la DGR tendrá la facultad de solicitar en cualquier momento el embargo preventivo o cualquier otra medida cautelar - incluida la inhibición general de bienes- por la cantidad que presumiblemente adeuden los contribuyentes. En todos los casos -fijaba el proyecto oficial-, los jueces debían decretar en conformidad en un plazo de 48 horas desde la realización del pedido.

El artículo 203 del proyecto del Poder Ejecutivo fijó la base imponible para el pago del impuesto a los Ingresos Brutos tomando la diferencia entre los precios de compra y venta de determinados productos. En el inciso D, se precisó que quedaba incluida la comercialización agrícola y ganadera efectuada por cuenta propia por los acopiadores de esos productos.

En la propuesta original del Poder Ejecutivo se modificó el artículo 208, en el que se establecen las exenciones para el pago de Ingresos Brutos. La enumeración de 23 incisos no contempló la producción frutihortícola. Fijó, además, pautas para la educación privada -sólo quedan incluidos en el beneficio quienes eximan del pago al 10% de su alumnado- y para los servicios de televisión por cable.

El PE impulsó la sustitución del artículo 144 del Código Tributario vigente. La propuesta imponía el principio de “pague y luego reclame” para poder recurrir las sentencias del Tribunal Fiscal.

OPINION EN MINORIA
LIMITES PARA RECAUDAR
Sobre los planteos de las asociaciones intermedias, el dictamen de minoría firmado por el bussista José Costanzo no prevé facultades extraordinarias en materia de medidas cautelares contra deudores. Se habilita a la Dirección General de Rentas a exigir la exhibición de libros y toda otra documentación tributaria. También a realizar inspecciones y a citar e interrogar a los contribuyentes.

Costanzo no contempló reformas en artículo. La principal crítica, en este punto, es la eliminación de la base diferencial para distribuidores mayoristas de azúcares y de combustibles. Según el Centro Azucarero Regional Tucumán, tal como aparece en la propuesta oficial, la norma tiende a excluir del mercado a los ingenios y a los comercializadores de azúcar.

Las asociaciones cuestionaron la eliminación de los beneficios para la producción frutihortícola -en especial, la limonera-, que debería seguir con alícuota cero. Con referencia a los colegios privados, se planteó una ampliación del beneficio para aquellas instituciones que otorguen media beca. En referencia a la TV por cable, se advirtió sobre la inconstitucionalidad de la propuesta.

Las entidades intermedias aceptaron la figura jurídicamente de “solve et repete”, pero reclamaron que se permita al contribuyente deudor realizar una caución juratoria para reclamar.

PROPUESTA MAYORITARIA
CAMBIOS EN ALGUNOS PUNTOS
Con los cambios realizados por el oficialismo legislativo, las facultades de la DGR quedaron acotadas. Se dispone que la autoridad de aplicación debe solicitar al juez el embargo preventivo u otra medida cautelar, una vez que la deuda esté determinada y se haya confeccionado el acta correspondiente. Se fija que los jueces deben resolver el embargo cuando así se lo soliciten, pero sin plazos perentorios.

El dictamen de la mayoría de la comisión de Hacienda, firmado por cuatro peronistas, no prevé cambios en este punto en relación con el proyecto oficial. Con el argumento de tratarse de una decisión política, se resolvió no reincorporar los tres artículos que regulaban la actividad de los distribuidores mayoristas, que serán derogados del digesto tributario.

La propuesta de modificación del artículo 208 casi no sufrió alteraciones. El oficialismo decidió eliminar la alícuota cero para la producción frutihortícola, aunque preservó la exención de Ingresos Brutos para la producción primaria de hortalizas y verduras. Respecto de la educación privada, se amplió el beneficio a todos los establecimientos reconocidos e incorporados a la enseñanza oficial.

El oficialismo mantendrá el texto tal como lo redactó el Poder Ejecutivo. Para poder realizar demandas ante la Justicia, los contribuyentes deberán cancelar sus tributos y actualizaciones con el fisco.