Las organizaciones intermedias están en pie de guerra. Tras una reunión realizada ayer en la sede de la Federación Económica de Tucumán resolvieron rechazar el dictamen de mayoría de la comisión de Hacienda, que el lunes sería aprobado por la Legislatura. También decidieron convocar a una movilización hacia el recinto parlamentario para solicitar que el debate sea postergado al menos por 30 días.
El malestar de empresarios, de productores y de profesionales explotó luego de que los dirigentes de estos sectores tuvieron acceso al dictamen firmado por la mayoría oficialista de la comisión de Hacienda. El texto no contemplaría los puntos que se consensuaron con los técnicos de la Cámara. Humberto Sánchez, titular de la FET, sostuvo que no se avanzó ni mínimamente sobre el paquete de planteos realizados.
“Seguimos agradeciendo la predisposición de diálogo de los legisladores, pero chocamos con una pared. Estamos frustrados porque el esfuerzo que realizamos todos no tiene eco en el Gobierno, que se niega a escucharnos. Realizamos cinco pedidos de audiencia y no tuvimos ninguna respuesta”, se quejó el dirigente.
Sergio Fara (UCIT) anticipó que el pueblo cañero decidió movilizarse hacia la Legislatura el lunes. “Están gravando la actividad primaria, pero este no es un problema sólo de los productores. La gente tiene que tomar conciencia de que la reforma impositiva que se pretende aprobar nos afectará a todos”, expresó.
Fernando Juri Debo, presidente de la comisión de Hacienda, se mostró sorprendido por la reacción de las organizaciones intermedias. Según el peronista, de los 21 puntos que estas reclamaban, se contemplaron 16, y el resto no fue alterado porque se consideró razonable la posición del Gobierno. “Vamos a sancionar un Código Tributario practicable. Tenemos que agradecer al Ejecutivo su predisposición para aceptar los cambios sugeridos. Se priorizó el diálogo por sobre de la decisión de aprobar las reformas a libro cerrado. Más del 80% de las cláusulas requeridas se modificaron y en eso no hay marcha atrás”, concluyó.
Dos puntos polémicos
En la Legislatura especulan con que dos son los puntos del proyecto de mayoría que generan más roces. El primero se relaciona con la decisión de eliminar la alícuota cero para la actividad citrícola. El otro tiene como eje la modificación de la base tributaria para los mayoristas azucareros y para los proveedores de combustibles. El texto sería aprobado con la imposición de que los gravámenes se liquiden sobre la base de los ingresos reales y no sobre la utilidad declarada por el contribuyente.
En referencia a la actividad citrícola, fuentes del PE anticiparon que el pago de Ingresos Brutos y de Salud Pública permitirá controlar el empleo en negro.
• El embargo preventivo (incluso a las cuentas corrientes) se producirá luego de hacer un acta de constatación de la deuda con participación de la Justicia, y de notificar al contribuyente.
• En el “pague y luego reclame”, el contribuyente sólo deberá abonar el capital adeudado (el Gobierno quería que fuera obligatorio abonar además la multa y los intereses)
• Las clausuras podrán concretarse después de pasados 15 días de una notificación previa al contribuyente. La medida corresponderá cuando la deuda fiscal sea de seis vencimientos (el PE pretendía un límite de dos posiciones vencidas).
• El decomiso habilitará el secuestro del vehículo que transporte mercaderías en forma irregular, pero sólo con orden judicial y con actuación policial. Actuará un juez correccional penal ordinario, quien decidirá si los bienes se devuelven al dueño, se decomisan o se rematan El magistrado también decidirá sobre el plazo máximo que puede durar un embargo.
• La producción de frutas dejará de tener alícuota cero (la medida afecta especialmente al limón), pero se mantiene este beneficio para las hortalizas y las legumbres.
• Los profesionales pagarán Ingresos Brutos a partir de los $ 6.000 mensuales.
• El domicilio fiscal presunto se fijará si el contribuyente no lo hace en forma voluntaria en un plazo determinado por resolución.
El malestar de empresarios, de productores y de profesionales explotó luego de que los dirigentes de estos sectores tuvieron acceso al dictamen firmado por la mayoría oficialista de la comisión de Hacienda. El texto no contemplaría los puntos que se consensuaron con los técnicos de la Cámara. Humberto Sánchez, titular de la FET, sostuvo que no se avanzó ni mínimamente sobre el paquete de planteos realizados.
“Seguimos agradeciendo la predisposición de diálogo de los legisladores, pero chocamos con una pared. Estamos frustrados porque el esfuerzo que realizamos todos no tiene eco en el Gobierno, que se niega a escucharnos. Realizamos cinco pedidos de audiencia y no tuvimos ninguna respuesta”, se quejó el dirigente.
Sergio Fara (UCIT) anticipó que el pueblo cañero decidió movilizarse hacia la Legislatura el lunes. “Están gravando la actividad primaria, pero este no es un problema sólo de los productores. La gente tiene que tomar conciencia de que la reforma impositiva que se pretende aprobar nos afectará a todos”, expresó.
Fernando Juri Debo, presidente de la comisión de Hacienda, se mostró sorprendido por la reacción de las organizaciones intermedias. Según el peronista, de los 21 puntos que estas reclamaban, se contemplaron 16, y el resto no fue alterado porque se consideró razonable la posición del Gobierno. “Vamos a sancionar un Código Tributario practicable. Tenemos que agradecer al Ejecutivo su predisposición para aceptar los cambios sugeridos. Se priorizó el diálogo por sobre de la decisión de aprobar las reformas a libro cerrado. Más del 80% de las cláusulas requeridas se modificaron y en eso no hay marcha atrás”, concluyó.
Dos puntos polémicos
En la Legislatura especulan con que dos son los puntos del proyecto de mayoría que generan más roces. El primero se relaciona con la decisión de eliminar la alícuota cero para la actividad citrícola. El otro tiene como eje la modificación de la base tributaria para los mayoristas azucareros y para los proveedores de combustibles. El texto sería aprobado con la imposición de que los gravámenes se liquiden sobre la base de los ingresos reales y no sobre la utilidad declarada por el contribuyente.
En referencia a la actividad citrícola, fuentes del PE anticiparon que el pago de Ingresos Brutos y de Salud Pública permitirá controlar el empleo en negro.
PUNTOS PRINCIPALES DEL DICTAMEN
• El embargo preventivo (incluso a las cuentas corrientes) se producirá luego de hacer un acta de constatación de la deuda con participación de la Justicia, y de notificar al contribuyente.
• En el “pague y luego reclame”, el contribuyente sólo deberá abonar el capital adeudado (el Gobierno quería que fuera obligatorio abonar además la multa y los intereses)
• Las clausuras podrán concretarse después de pasados 15 días de una notificación previa al contribuyente. La medida corresponderá cuando la deuda fiscal sea de seis vencimientos (el PE pretendía un límite de dos posiciones vencidas).
• El decomiso habilitará el secuestro del vehículo que transporte mercaderías en forma irregular, pero sólo con orden judicial y con actuación policial. Actuará un juez correccional penal ordinario, quien decidirá si los bienes se devuelven al dueño, se decomisan o se rematan El magistrado también decidirá sobre el plazo máximo que puede durar un embargo.
• La producción de frutas dejará de tener alícuota cero (la medida afecta especialmente al limón), pero se mantiene este beneficio para las hortalizas y las legumbres.
• Los profesionales pagarán Ingresos Brutos a partir de los $ 6.000 mensuales.
• El domicilio fiscal presunto se fijará si el contribuyente no lo hace en forma voluntaria en un plazo determinado por resolución.








