Inquietud legislativa por un decreto del PE

Dos decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo podrían ser la punta de un escándalo jurídico y gremial. Se trata de las resoluciones por las que el Gobierno dejó sin efecto el ítem Estado Docente, incluido en el salario de 35.000 educadores tucumanos. La presunta irregularidad estaría dada por el decreto 510, fechado el 8 de marzo, que no fue notificado a la Cámara en el plazo de cinco días hábiles previsto por la ley que regula los DNU. Esa omisión se intentó saldar por el decreto 584 del 17 de marzo, pero este remitió a la norma anterior la que, para los parlamentarios, sería inexistente.
La irregularidad fue admitida por la presidenta de la comisión de Educación, Olijela Rivas, que no quiso anticipar los pasos a seguir. “Pedí un informe a los abogados de la Legislatura y la semana próxima lo analizaremos en profundidad. Pero, realmente estamos  antes una situación difícil porque se convalidó una decisión originada en un decreto que para nosotros no existe”, sugirió.
Carlos Arnedo (UDT) anticipó que el lunes presentarán una acción de amparo para garantizar los derechos adquiridos de los maestros y profesores de la provincia. Según el referente gremial, la secretaría de Educación liquidó la planilla salarial de marzo sin el Estado Docente sobre la base de un decreto que murió al no ser notificado en tiempo y forma. “Hay una grave impericia jurídica”, denunció.
El ítem salarial que no habría sido  liquidado alcanza a un promedio de $ 175 por cargo e implicaría un gasto mensual superior a los $ 6 millones.

Rechazo resuelto
El lunes, la Legislatura analizará el DNU por el que se titularizó en forma masiva a directores. La resolución será rechazada por los parlamentarios quienes no optarán por reemplazarla por una ley. El decreto es objetado por no haberse respetado el  Estatuto Docente, que prevé concursos para la cobertura de cargos jerárquicos.