“Ninguno de los convencionales habla de un instituto tan importante para combatir la corrupción como es el juicio de residencia. Este tema puede debatirse en la Convención, ya que fue incluido por iniciativa nuestra”, aseguró el legislador opositor Pedro Stordeur.
El referente de Recrear explicó que el juicio de residencia consiste en analizar el patrimonio de funcionarios y de legisladores en ejercicio (cinco procesos por año), elegidos por sorteo. La investigación es realizada por un fiscal, que relaciona la composición patrimonial declarada con el nivel de vida del funcionario, que deberá dar explicaciones si no se corresponden.
“Continúa la voluntad de tener un Poder Ejecutivo todopoderoso y una Legislatura débil, tal como lo determinó la Constitución provincial de 1990, con renovación total de bancas cada cuatro años, lo que implica comenzar de nuevo. Nada se dice sobre regular los decretos de necesidad y urgencia (DNU), cuando debe restringirse su uso y tiene que resolverse que queden sin validez si en 20 días hábiles la Cámara no los ratifica expresamente, al contrario de lo que ocurre ahora”, sostuvo.
Stordeur avaló las creaciones del Consejo de la Magistratura y del Jury de Enjuiciamiento, pero reclamó que estas instituciones no estén integradas mayoritariamente por representantes del sector político, sino que haya igualdad de miembros con los estamentos de la Justicia y académico, con una duración máxima de dos años en el cargo y concurso de antecedentes y oposición para la cobertura de vacantes en el Poder Judicial.
El referente de Recrear explicó que el juicio de residencia consiste en analizar el patrimonio de funcionarios y de legisladores en ejercicio (cinco procesos por año), elegidos por sorteo. La investigación es realizada por un fiscal, que relaciona la composición patrimonial declarada con el nivel de vida del funcionario, que deberá dar explicaciones si no se corresponden.
“Continúa la voluntad de tener un Poder Ejecutivo todopoderoso y una Legislatura débil, tal como lo determinó la Constitución provincial de 1990, con renovación total de bancas cada cuatro años, lo que implica comenzar de nuevo. Nada se dice sobre regular los decretos de necesidad y urgencia (DNU), cuando debe restringirse su uso y tiene que resolverse que queden sin validez si en 20 días hábiles la Cámara no los ratifica expresamente, al contrario de lo que ocurre ahora”, sostuvo.
Stordeur avaló las creaciones del Consejo de la Magistratura y del Jury de Enjuiciamiento, pero reclamó que estas instituciones no estén integradas mayoritariamente por representantes del sector político, sino que haya igualdad de miembros con los estamentos de la Justicia y académico, con una duración máxima de dos años en el cargo y concurso de antecedentes y oposición para la cobertura de vacantes en el Poder Judicial.










