Se pone en discusión un modelo de provincia

Las pautas de funcionamiento del Poder Ejecutivo están contenidas en la sección IV de la Carta Magna, dividida en tres capítulos. El primero establece la naturaleza y duración del cargo, el segundo determina las atribuciones del PE, y el tercero legisla sobre los ministros.
La ley que dispuso la reforma habilitó la discusión de sólo ocho de los 14 artículos del primer capítulo. Quedó permitido analizar la duración del cargo del gobernador y del vicegobernador y la posibilidad o no de su reelección consecutiva. También se trabajará sobre el procedimiento a seguir en caso de vacancia de algunos de los cargos o de acefalía, acerca de la residencia del mandatario y de la fórmula de juramento. Otra cuestión a analizar será la prohibición de cobrar gastos reservados y las limitaciones salariales para el gobernador.
El capítulo segundo podrá ser modificado en su totalidad. Sus 21 incisos establecen las facultades del gobernador y del vice. Es muy probable que se incluya en este capítulo la figura de los decretos de necesidad y urgencia.
La Convención también podrá alterar totalmente el capítulo tercero, vinculado a la cantidad de ministros a designar por el gobernador y las funciones de estos colaboradores. Hoy, el gabinete del PE sólo puede tener cinco ministros.

Toda la sección tercera de la Carta Magna, referida al Poder Legislativo, puede modificarse. La mayor expectativa se centra en que se puede determinar el retorno a la bicameralidad.
Entre los 34 artículos referidos a la Legislatura, el 63 tiene una particular importancia, dado que en sus 25 incisos enumera las atribuciones de ese poder. El inciso primero fija que le corresponde a la Cámara establecer los impuestos. Compete también a los legisladores fijar el presupuesto general de la provincia y aprobar o desechar la cuenta de inversión.
El apartado 6 faculta a los legisladores a establecer la división territorial de la provincia. Y el punto 14 se refiere a la potestad parlamentaria de organizar el régimen municipal.
Estará sujeto a cambios, además, el artículo 48, que divide la fase de sesiones ordinarias en dos segmentos de 60 días cada uno. Se da por descontado que se prolongará el período, puesto que casi siempre se extendió hasta el 31 de diciembre.
Una reforma que impactará en el Ejecutivo es la del apartado 53, que alude a la interpelación de los ministros: puede habilitarse la figura del voto de censura. A la vez, si se modifica el artículo 65, también se puede habilitar la presentación de proyectos de ley mediante iniciativa popular.

Los constituyentes sólo podrán discutir cambios en dos de los 14 artículos referidos a la organización del Poder Judicial.
Según la ley que habilita la reforma, entra en debate la cláusula que establece que los jueces y demás funcionarios judiciales serán nombrados por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo del Poder Legislativo. Aquí, cobra magnitud la discusión sobre la restitución del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
El mecanismo de selección de los jueces de Paz también podrá cambiar. Hoy, son designados por el PE, con acuerdo de la Corte. Está garantizada la inamovilidad de los miembros del Poder Judicial, mientras dure su buena conducta, y la intangibilidad de sus
remuneraciones.
Los convencionales también podrán incorporar novedosos institutos. Por ejemplo, la posibilidad de que el Poder Judicial goce de autarquía. También se menciona la inclusión de la “Policía Judicial”, la carrera judicial y la escuela judicial. Inclusive, la Convención podrá establecer la independencia del Ministerio Público Fiscal. Actualmente, se rige por la Ley Orgánica de Tribunales y el ministro fiscal sirve de nexo entre la Corte y las fiscalías.
Especial importancia tendrá un eventual cambio del artículo 110, que especifica el régimen de juicio político. De hecho, la ley de reforma habilita el establecimiento del jury de enjuiciamiento.
Finalmente, la nueva Carta Magna podrá incorporar institutos de tutela legal eficaz, como el hábeas data (acción tendiente a respetar la vida privada) y el hábeas corpus. Este último es un derecho al que los detenidos pueden recurrir para frenar abusos de autoridad.

Tucumán es una de las cinco provincias del país, junto con Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe, que no adecuaron su Constitución a los preceptos del artículo 123 de la Carta Magna nacional, que garantiza las autonomías municipales. La ley que habilita la reforma incluyó expresamente la necesidad de que los convencionales discutan esta cuestión.
Actualmente, en la provincia, los gobiernos locales no cuentan con autonomía plena. Por ejemplo, un intendente debe solicitar autorización al Poder Ejecutivo para contraer un crédito. Lo mismo ocurre con los ingresos por coparticipación federal que distribuye la Nación. Estos llegan en forma indirecta. Primero a la Provincia y luego a los municipios.
Otro eje del debate sobre el régimen municipal podrá girar sobre el rol de los concejos deliberantes: el número de miembros y si la función debe ser remunerada o ad honorem.
La nueva Constitución podrá incorporar la regionalización como nuevo instituto y, por ende, la delegación de facultades en órganos supraprovinciales.
En lo que atañe al interior, el proceso de reforma también alienta la creación de un régimen de protección especial para los Valles Calchaquíes. Se propone limitar en los territorios protegidos las inversiones turísticas, los cultivos intensivos y las exploraciones mineras.

La Constituyente está habilitada para incorporar en la Carta Magna al Tribunal de Cuentas y a la Defensoría del Pueblo. Ambos entes de control del Estado fueron creados por ley; darles ahora rango constitucional les conferirá mayor estabilidad.
Los reformadores también podrán discutir sobre los derechos de los usuarios y de los consumidores, e incorporar garantías o crear organismos especialmente abocados a ello.
Paralelamente, la ley que habilitó la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de 1990 dejó abierta la posibilidad de incorporar el Juicio de Residencia dentro del capítulo de control de la administración pública. Se trata de una institución que tiene antecedentes en los tiempos coloniales y que otorga la posibilidad de analizar la conducta de los funcionarios públicos, luego del cese de su mandato. En la actualidad, el Tribunal de Cuentas está habilitado para realizar actuaciones administrativas contra algún funcionario remiso a cumplir con las rendiciones de gastos.
Finalmente, también está abierta la posibilidad de incorporar los partidos políticos en la Carta Magna. En el orden nacional, las organizaciones partidarias se incorporaron a la Constitución en 1994, por acuerdo entre radicales y peronistas en el “Pacto de Olivos”.

• CLAVES DEL PROCESO

¿Durante cuánto tiempo sesionarán?
La ley que habilitó la reforma de la Constitución determina que los convencionales deberán concretar su tarea en un plazo de 90 días. Este lapso representa la mitad del que dispuso la Constituyente de 1990 para modificar la Carta Magna local de 1907. En consecuencia, los reformadores electos el pasado 19 de febrero deberán completar las modificaciones hasta el próximo 12 de junio.

¿Cuál será el alcance de los cambios?
La norma sancionada por la Legislatura el 22 de diciembre de 2004 fija que puede modificarse el 80% del texto constitucional vigente. Los constituyentes tienen tres pautas. En primer lugar, se encuentra el capítulo de reformas. En segundo término, están las supresiones, referidas al Tribunal Constitucional, que nunca se instrumentó. Finalmente, están las incorporaciones, referidas a nuevos institutos.

¿Cobran algo los constituyentes?
Los 40 constituyentes no recibirán remuneración alguna por su tarea. La ley que declaró la necesidad de la reforma (fue promulgada por el Gobierno el 23 de diciembre de 2004, con el número 7.469) establece que los integrantes de la Convención cumplirán su tarea de manera ad-honorem durante los 90 días que duren las deliberaciones. Esta misma determinación fue adoptada en el caso de la Convención Constituyente provincial de 1990.

¿Pueden apartarse de la ley 7.469?
No. En principio, los reformadores deben ajustarse a lo establecido por la ley que declaró la necesidad de la modificación constitucional. Los constituyentes pueden decidir no efectuar cambios en artículos habilitados para ser reformados, pero no pueden alterar artículos que no están mencionados por la norma. El propio vicegobernador, Fernando Juri, advirtió que apartarse de la norma dará lugar a planteos judiciales en contra de la nueva Carta Magna.