La mayoría de los remiseros se enoja por el control policial

Calor. Enojo. Impotencia. Infracciones. Son sólo algunas de las palabras que describen el clima de la jornada de ayer. Sucede que los controles de la Policía de Seguridad Vial y de la Dirección de Transporte, que se realizaron en distintos puntos de la capital, despertaron la rabia de la mayoría en los conductores de taxis y remises cuando los oficiales les solicitaban la licencia que los habilita para trasladar pasajeros.
El martes, el Ministerio de Seguridad Ciudadana dispuso realizar controles de autos de alquiler en la capital, decisión desencadenada por la desaparición de Paulina Lebbos, que fue vista por última vez a bordo de un remise que -se cree- es ilegal. Durante las sorpresivas inspecciones, los uniformados labraron casi 280 infracciones; en su mayoría los multados eran remises de la capital que no tenían permiso, según detalló el secretario de Transporte, Ramiro Gutiérrez. También se secuestraron 39 vehículos desde la madrugada de ayer hasta la noche.
En uno de los puestos de control, ubicado en Jujuy al 2.900, el oficial a cargo comentó que se labran más de 100 actas de infracciones por día. “La gente se enoja cuando debe cumplir con las disposiciones”, dijo el agente.
Los controles no les cayeron bien a los conductores de remises y de taxis, quienes reconocieron que cerca del 90 % de los trabajadores no posee autorización. “Nadie tiene licencia. Sabemos que esto surgió por el caso Lebbos, pero está interfiriendo en nuestro trabajo”, manifestó Raúl Bulacios, un remisero de 50 años. “Siempre nos falta algo; tengo todo lo que piden los de seguridad; pero, como casi todos los remiseros, no tengo licencia. Se había convenido con la Municipalidad en que si teníamos carné de manejo, cédula verde y seguro podíamos trabajar. Al final nos terminan haciendo la infracción”, relató Edmundo Ovejero. “Hace 11 años que soy remisero y no tengo licencia, porque para conseguirla te ponen miles de trabas. Es una burocracia terrible”, expresó Sergio Gómez.
En tanto, una agencia de remises contrató efectivos para resguardar la integridad de sus vehículos. “Estamos para prevenir los robos a nuestros  autos, pero, también, para evitar que los secuestren como truchos y procurar que el control sea parejo”, dijo uno de los oficiales contratado para este servicio .
El secretario de Transporte aclaró que la Policía no está secuestrando a los ilegales, ya que esto les corresponde a los inspectores de Transporte. “Si tuviéramos que secuestrar a todos los ilegales la gente se quedaría sin servicio”, dijo Gutiérrez.
El concejal Carlos Cortalezzi (PJ) afirmó que, pese a que hay vacantes licencias para autos de alquiler, en la actualidad sólo están en regla unos 700 taxis y cerca de 80 remises; sin embargo, por las calles circulan miles de ilegales. “En los próximos días serán aprobados unos retoques de una ordenanza para regular el servicio. Con el Servicio Unico de Transporte de Pasajeros en Automóviles conseguiremos legalizar a 3.200 taxis y 2.700 remises, que deberán pagar sólo $ 45 por mes. Los vehículos estarán identificados, al igual que sus conductores, lo que brindará más seguridad a los pasajeros”, dijo y adelantó que se intenta hacer un convenio para que la Policía colabore siempre en los controles de los ilegales y para que tenga el poder de secuestrar a los que no tengan licencia.


Los transportistas pirata del sur resolvieron ayer a las 15.30 levantar los cortes en la ruta 38. La decisión fue adoptada luego de que el vicepresidente de la comisión de Transporte de la Legislatura, Alejandro Martínez (PJ), se comprometió con representantes del sector a procurar una prórroga de los plazos que se les impusieron para cumplir con la ley que regula el Transporte Rural Compartido.
Según Carlos Aguilar, vocero de los manifestantes, el legislador les dijo que impulsará que sus reclamos sean debatidos en la primera sesión ordinaria de la Cámara. Los rurales no sólo exigen una ampliación de las moratorias, que vencieron el 16 de enero, sino también que los modelos de los autos en los que se desplazan puedan superar los 10 años de antigüedad y una mayor flexibilidad en la disposición relacionada con la transferencia de los rodados. Aspiran, además, a que la ley atienda los casos de choferes que cuentan con vehículos alquilados.  “Requerimos que la reglamentación se ajuste a la realidad económica de todos los trabajadores. Nos resulta imposible disponer de unidades de menos de 10 años, aunque sí podemos contar con algunas más antiguas pero en buenas condiciones técnicas y estéticas”, explicó Aguilar.
Martínez explicó que los manifestantes, que trabajan desde Concepción hacia el sur, piden plazos para formar una cooperativa, y que eso les será concedido.