"Sólo se trata de ejercer un mejor control"

Desde el año pasado, el Poder Ejecutivo viene alentando la conformación de fondos fiduciarios para atender las necesidades de los municipios. En 2005, se distribuyeron poco menos de $ 300 millones y, para este año, se prevé un aumento del monto de los créditos. Desde el Gobierno se afirma que no se intenta avanzar contra la autonomía financiera de las intendencias, sino de darle financiamiento con el fin de alentar la obra pública. “Este sistema le permite al Poder Ejecutivo ejercer un mayor control en el uso de los recursos y de la concreción de las obras”, señaló el ministro de Economía, Jorge Jiménez. En una entrevista con LA GACETA, el funcionario reconoció que existe una lentitud en el desarrollo de los trabajos debido a las dificultades existentes en el mercado.

¿Cómo funciona este sistema de financiamiento?
- La Caja Popular es el agente fiduciario y es la entidad que cuenta con los recursos. Todos los meses, desde Economía, damos instrucciones para que se transfieran los recursos a los municipios, según se los requiera para el pago de sueldos, para gastos o para la ejecución de obras.

¿Este fondo fiduciario se constituye con el superávit?
-No específicamente, sino con el ahorro fiscal que realizó el Gobierno durante el último año. Además, se van incorporando, paulatinamente, las cesiones de fondos de coparticipación de los municipios que deciden tomar este financiamiento y con otros aportes reintegrables del PE.

¿En qué invierte el Estado el dinero que ingresa al fondo fiduciario?
-Hay una serie de alternativas para conservar el valor de los fondos. Apelamos a los plazos fijos, al depósito en cuentas corrientes bonificadas o a inversiones a la vista. Todo esto sin comprometer el flujo de recursos que se requiere para atender las necesidades financieras de los municipios.

¿La ayuda del Gobierno no condiciona la autonomía financiera de las municipalidades beneficiadas?
-De ninguna manera. Son los intendentes los que deciden en qué usarán los fondos. Además, ellos deciden las prioridades respecto de la ejecución de las obras, cómo licitarlas e incluso cómo adjudicarlas. Lo único que hacemos nosotros es proteger el dinero que otorgamos, ya que las intendencias tienen limitada la posibilidad de acceder al mercado de crédito privado.
 
¿Cómo se ejerce el control sobre el uso de los recursos?
-Sólo en el avance de las obras proyectadas, sin inmiscuirnos en los presupuestos que formula cada uno de los municipios. Sólo pedimos celeridad en la ejecución de los trabajos. El Fondo Fiduciario funciona como un alivio para las intendencias. No les trabamos embargos y sólo les reclamamos que sean más eficientes a la hora de recaudar por el cobro de las tasas.

¿Hay dificultades para avanzar, como requiere el Gobierno, en la ejecución del plan de trabajos públicos?
-Se advierte una lentitud en el desarrollo de las obras. Muchas empresas constructoras están pidiendo que reprogramemos los plazos de ejecución porque no pueden cumplir, ya sea porque los materiales escasean o porque tienen dificultades para conseguir mano de obra.

Por Marcelo Aguaysol
Los últimos dos años le sirvieron al Gobierno para consolidar su situación fiscal. Con una recaudación provincial en paulatino crecimiento y con el giro de sumas récord de fondos de coparticipación nacional, la gestión del gobernador José Alperovich encontró un escenario propicio para cambiarle la cara a la provincia. Pero, además, sirvió para fortalecer un poder político basado en la billetera del gobierno de turno.
Esta es una realidad que se demuestra como un efecto cascada. Las provincias perdieron la pregonada autonomía financiera frente a un Gobierno nacional que condiciona las ayudas al acompañamiento político al proyecto presidencial. Alperovich, en tanto, aplica la misma receta con los intendentes y con los comisionados rurales, que son el sustento de su poder y de su proyecto político.
Esto saltó a la luz la semana pasada, cuando los jefes municipales rindieron cuentas de su gestión ante el Concejo Deliberante de cada una de las jurisdicciones. Muchos afianzaron su discurso en base a la obra pública ejecutada en el último año, gracias a la poderosa mano de la Casa de Gobierno.
En este punto, hay que trazar algunas diferencias. Por un lado, es saludable observar el desarrollo de los municipios, muchas veces postergados por cuestiones políticas. Los vecinos advierten cambios en la fisonomía de cada ciudad y aprueban con su voto la gestión de tal o cual intendente.
Pero tampoco hay que perder de vista que los fondos destinados a obras y a salarios de los trabajadores deben devolverse en un plazo de tres años. Ese dinero se constituye en el sustento financiero de una gestión que aspira a quedarse hasta 2015, tal como lo pregonó el propio Alperovich. Los intendentes están atados de pies y de manos. Sus acciones están condicionadas a lo que se decida en el edificio de 25 de Mayo y San Martín, por más que los funcionarios digan que se respeta la autonomía política y financiera municipal.