El Gobierno distribuirá $ 367,9 millones entre 18 de las 19 municipalidades

En tiempos de bonanza fiscal, el Gobierno decidió invertir parte del ahorro que generó la recaudación de los últimos dos años en los municipios. Desde principios de 2005, el Poder Ejecutivo amplió la fuente de financiamiento para las intendencias, que tienen prohibida la toma de préstamos privados y, en muchos casos, no pueden destinar parte de su presupuesto al plan de obras.
Debido a la necesidad de preservar la paz social y de alentar el desarrollo integral de la provincia, el Gobierno decidió distribuir $ 367,9 millones para que 18 de los 19 intendentes tucumanos ejecuten un plan de obras este año y en 2007; contraten mano de obra y abonen los sueldos de los casi 20.000 trabajadores de esas jurisdicciones.
La Cocha es el único municipio que no participará del "Acuerdo para el crecimiento de Tucumán", contemplado en el decreto de necesidad y urgencia 113. El intendente Leopoldo Rodríguez justificó ayer su decisión de no tomar préstamos para no generar deudas. "Las obras públicas en La Cocha serán solventadas con recursos propios y mediante programas financiados por la Nación", puntualizó.
Del total de recursos que constituirán los fondos fiduciarios, $ 148,7 millones estarán destinados a atender el plan bienal de obras públicas y otros $ 219,2 millones se orientarán a la política salarial (Pacto Social). Según el ministro de Economía, Jorge Jiménez, el reparto de los fondos se efectúa tomando en cuenta la capacidad de pago de cada municipio y los proyectos de obras que presenten para ser financiados por el Ejecutivo.

Un seguimiento
"Este financiamiento significa una tranquilidad para la gestión, pero también una responsabilidad, porque no se trata de un regalo", indicó a LA GACETA el intendente capitalino Domingo Amaya, que recibirá $ 128,4 millones para pagar sueldos al personal y para contratar mano de obra durante este año.
Desde la Legislatura, los miembros de la oposición ponen el acento en la necesidad de ejercer un mayor control sobre la operatoria. "Se trata de una partida importante de dinero y, por lo tanto, es fundamental hacer un seguimiento para que esa plata llegue a los vecinos mediante obras", dijo el republicano José Costanzo.
Alejandro Sangenis (MP3) afirmó que el dinero del Fondo Fiduciario es el tesoro que acumuló y que tiene guardado el Poder Ejecutivo. "Este es un instrumento que sirve al PE para hacer pingües negocios financieros, sin control legislativo. Además, somete a los intendentes y a los comisionados rurales a los designios del poder político", fundamentó.

CONDICIONES
Para acceder al crédito del Poder Ejecutivo, los municipios deben ceder a favor de la Provincia los fondos de coparticipación necesarios para la cancelación de la cuota mensual.
Antes de recibir los recursos, las intendencias deben elevar al Poder Ejecutivo el listado de obras en un plazo no mayor de 60 días después de firmado el acuerdo bilateral, y el tiempo que demandará su ejecución.
Los importes otorgados por la Provincia a los municipios deberán ser devueltos en 36 cuotas mensuales y consecutivas, a partir del mes inmediato siguiente al de la efectiva aplicación.
Los préstamos se ajustarán mediante el Coeficiente de Actualización de Referencia (CER), sin intereses.
Los acuerdos contienen cláusulas con carácter de declaración jurada, en las que cada intendente se somete al cumplimiento de una serie de pautas que garantizan la efectiva realización del plan de obras públicas. Además, el PE puede realizar auditorías.
El Ejecutivo podrá revocar el préstamo en caso de que se demuestren fehacientemente incumplimientos por parte de algún municipio. En ese caso, está facultado a reclamar el reintegro total de la ayuda financiera.