No debe sorprender a nadie

Es difícil no quedarse admirada con el sobrecogimiento de algunos políticos y funcionarios ante la “ola de delincuencia juvenil”.
Un fenómeno que viene creciendo año tras año, al ritmo que crece la desigualdad social, no debería asombrar a nadie.
Las investigaciones criminológicas han mostrado una alta correlación entre la evolución de la desigualdad, medida por el coeficiente de GINI, con la evolución del delito.
La violencia, además, aparece asociada con la fragmentación social, que se produce con la ruptura de los lazos sociales que deviene del colapso de las instituciones sociales.
Las familias de trabajadores sufrieron un impresionante proceso de descomposición con las políticas económicas de las últimas décadas, y no se recuperaron, ni se recuperarán con el continuo agravamiento de la desigualdad social.
Las escuelas se transformaron en guarderías: ya no forman, sino contienen, lo cual representa una estafa intelectual que hipotecará el futuro de los chicos que, mal que mal, concurren a ellas.
El desinterés de la “clase dirigente” ha sido, y aún lo es, notable. Miren a Río de Janeiro y verán el futuro que promete una sociedad que da la espalda a sus hijos: una sociedad con una enorme brecha social que ha generado así  inconcebibles niveles de violencia.
La droga es el signo de un indecible sufrimiento. Como investigadora en el campo de la criminalidad, con frecuencia escucho que mis argumentos no son realistas, que hay que pensar en lo que “se puede hacer ahora” (es decir, cualquier engaño, cualquier paliativo).
Pero, en realidad, afirmo: no es que no se pueda, es que no se quiere. La solución, de más está decir, no radica en la política de seguridad, ni en la política social, ni en la política educativa, ni en la política sanitaria. Está, principalmente, en la política económica.