Reclaman que se lo someta a un chequeo

Organizaciones defensoras de los derechos humanos, sociales, políticas y estudiantiles manifestaron su preocupación por la suspensión del traslado de Antonio Bussi a la provincia, para ser sometido a la toma de indagatorias en una docena de causas vinculadas con desapariciones de personas en la década del 70.
Bussi debía declarar ante el juez federal Jorge Parache el pasado martes, por el secuestro del médico Carlos Román Apaza. Pero el día anterior, el magistrado dispuso la internación en el Hospital Militar del ex gobernador por sus problemas de salud, y la realización de permanentes controles clínicos para ver la evolución de sus patologías.
Familiares de Detenidos Desaparecidos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Madres de Plaza de Mayo, entre otras organizaciones, reclamaron el urgente cumplimiento de la resolución del Juzgado Federal y que se tomen las medidas necesarias para constatar y garantizar el estado de salud del ex mandatario. “En un estado de derecho, las personas imputadas deben ser juzgadas en el lugar donde cometieron los delitos”, sostuvieron Ana Ramos, Atilio Castagnaro, Sara Mrad, Josefina Molina, Estela Asaf y Reneé Ahualli.