El abogado Horacio Conesa Mones Ruiz sigue recorriendo el NOA por las causas que su cliente, el ex gobernador Antonio Bussi, afronta por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Ayer estuvo en los Tribunales Federales de Salta y de Jujuy -cumplió diligencias procesales-. El miércoles había estado en Santiago del Estero.
En Salta, el fundador de Fuerza Republicana está implicado en dos expedientes. El primero de ellos está vinculado al secuestro y desaparición del ex gobernador de la vecina provincia, el peronista Miguel Ragone, ocurrido en marzo de 1976. En esa época, Bussi se encontraba al frente de la Quinta Brigada de Infantería, con asiento en Tucumán.
La segunda es la denominada “causa Palomitas”, que fue abierta por la muerte de una decena de personas en un paraje conocido como Difunta Correa. El hecho sucedió mientras las víctimas, detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en la cárcel de Villa Las Rosas (Salta), eran trasladadas a Córdoba. En Jujuy hay una tercera.
El miércoles, en Santiago del Estero, Conesa Mones Ruiz había apelado la sentencia mediante la cual el juez federal de la vecina provincia, Angel Toledo, ordenó el procesamiento y la prisión preventiva de Bussi por la desaparición del ex concejal de Clodomira Emilio Abdala, ocurrida el 3 de diciembre de 1975. Toledo lleva adelante una “megacausa” por la desaparición de unas 95 personas, entre ellas Abdala.
Ayer, antes de viajar a Salta y a Jujuy, el abogado apeló la decisión del juez federal tucumano Jorge Parache, que dispuso que Bussi cumpla arresto domiciliario en el Hospital Militar Central (Capital Federal). También insistió en la postergación de la declaración de Luciano Benjamín Menéndez (ex titular del III Cuerpo de Ejército) prevista para el martes ante Parache.
En Salta, el fundador de Fuerza Republicana está implicado en dos expedientes. El primero de ellos está vinculado al secuestro y desaparición del ex gobernador de la vecina provincia, el peronista Miguel Ragone, ocurrido en marzo de 1976. En esa época, Bussi se encontraba al frente de la Quinta Brigada de Infantería, con asiento en Tucumán.
La segunda es la denominada “causa Palomitas”, que fue abierta por la muerte de una decena de personas en un paraje conocido como Difunta Correa. El hecho sucedió mientras las víctimas, detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en la cárcel de Villa Las Rosas (Salta), eran trasladadas a Córdoba. En Jujuy hay una tercera.
El miércoles, en Santiago del Estero, Conesa Mones Ruiz había apelado la sentencia mediante la cual el juez federal de la vecina provincia, Angel Toledo, ordenó el procesamiento y la prisión preventiva de Bussi por la desaparición del ex concejal de Clodomira Emilio Abdala, ocurrida el 3 de diciembre de 1975. Toledo lleva adelante una “megacausa” por la desaparición de unas 95 personas, entre ellas Abdala.
Ayer, antes de viajar a Salta y a Jujuy, el abogado apeló la decisión del juez federal tucumano Jorge Parache, que dispuso que Bussi cumpla arresto domiciliario en el Hospital Militar Central (Capital Federal). También insistió en la postergación de la declaración de Luciano Benjamín Menéndez (ex titular del III Cuerpo de Ejército) prevista para el martes ante Parache.
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