Por consenso y no por pactos

El Código Tributario, al igual que la Constitución, debe ser una herramienta basada en la justicia y en la equidad entre el poder (Estado) y los habitantes (contribuyentes). Por ese motivo sus reformas no deben estar atadas a acuerdos políticos preexistentes, sino a un debate en el que las partes involucradas conserven los derechos y las garantías necesarias, tanto para cobrar los impuestos como para ejercer el derecho de defensa a los contribuyentes.
Si como dijo el gobernador, José Alperovich, hay un compromiso del vicegobernador, Fernando Juri, para que los cambios al ordenamiento impositivo sean sancionados a libro cerrado en la próxima sesión, el Gobierno eligió el camino equivocado.
A no confundirse: el pueblo le dio el domingo otro espaldarazo electoral al Gobierno, pero no la suma del poder público. La asamblea de las organizaciones intermedias que se realizó en la FET puede ser interpretada como una demostración de fuerza de los sectores que movilizan la economía y un severo llamado de atención para Alperovich.
Las entidades reclamaron, a viva voz, que el Ejecutivo abra la discusión e incorpore al proyecto oficial cláusulas que garanticen el derecho de defensa de los contribuyentes. Los empresarios están dispuestos, si el Estado decide avanzar con su iniciativa, a apelar a acciones legales y hasta a medidas de acción directa. Lo malo de todo esto es que un código pensado para mejorar el sistema impositivo por la vía administrativa se ventile en los pasillos de tribunales con la consecuente estimulación de la industria del juicio, que tanto daño les hizo a las arcas provinciales.