Unánime rechazo al proyecto de reforma

Si algo faltaba para demostrar la resistencia hacia el proyecto de reforma del Código Tributario impulsado por el gobernador, José Alperovich, era una amplia convocatoria de los sectores afectados por los cambios en el ordenamiento impositivo provincial. En un hecho con pocos precedentes, empresarios, profesionales, vecinos y políticos rechazaron anoche, en forma unánime, la iniciativa oficial, a la que tildaron de inconstitucional.
El anfiteatro de la Federación Económica de Tucumán (FET) fue desbordado por los referentes de distintos sectores que movilizan la economía provincial. Allí, en un foro, especialistas explicaron cuáles serían los inconvenientes que generaría la sanción, sin debate previo, de un nuevo código. El panel de expertos fue flaqueado por los dirigentes de la FET, de la Asociación Tucumana del Citrus, CART, de la Unión Industrial, de la Cámara de Comercio Exterior y de la Sociedad Rural. Además, participaron representantes de los colegios de Graduados en Ciencias Económicas, de Abogados y de Escribanos, y de Fediunt.
El rechazo al nuevo código trascendió las fronteras. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) envió al dirigente Fabián Tarrios, quien pidió que no se permita que se aprueben proyectos que avasallen las garantías constitucionales. Por su parte, mediante una carta, el titular de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, respaldó la postura empresarial. También asistieron a la reunión industriales de Jujuy y de Salta.
Los panelistas insistieron en la necesidad de ponerle límites a la intención del PE de otorgarle más facultades al director de Rentas, por ejemplo, en casos como la determinación de deuda presunta y los posteriores embargos preventivos. También hicieron hincapié en la necesidad de que se constituya un Tribunal Fiscal independiente, que garantice el derecho de defensa de los contribuyentes, y, por sobre todo, en la de equilibrar la balanza respecto de los derechos y las facultades entre fisco y contribuyente.
Tras esas exposiciones, distintos referentes empresariales expresaron su rechazo al proyecto. Los ánimos del sector privado se caldearon por las declaraciones del gobernador, José Alperovich, quien señaló que los empresarios no tienen que temer a los controles. “Pero cuando tienen empleados en negro o compran mercadería en negro, es lógico el miedo a las inspecciones”, dijo.  
El titular de la FET, Humberto Sánchez, reaccionó airadamente al cerrar la reunión. Golpeando la mesa y casi gritando, Sánchez indicó: “no somos evasores. El que permite evadir es el que no ejerce control suficiente para evitarlo, y ese es el Gobierno”.
La reunión se constituyó en un severo llamado de atención para los legisladores (en el local había una docena), y eso fue comentado públicamente. “Más que eso -dijo al respecto el presidente subrogante de la Cámara, Fernando Juri Debo-; diría que es un llamado a la reflexión para el gobernador”. “No se impondrá nada, sino que sancionará un código consensuado”, puntualizó.


“No se trata de un rechazo por capricho del arco económico, sino de advertirle al Gobierno que aplicar las normas de la AFIP sería una copia tuerta con malos resultados para la Provincia”. (Vicente Nicastro, titular del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas)

“Este proyecto aumenta las sanciones (hasta $ 20.000) que no sólo afectan a empresarios y termina con exenciones para la producción primaria, lo que genera desigualdades y afecta la llegada de inversiones”. (Ricardo Nassif, panelista)

“El Gobierno intenta plasmar normas nacionales que son impracticables en Tucumán, si no se pone en vigencia el Tribunal Fiscal”. (Leandro Stock, panelista)

“La iniciativa pretende cercenar facultades propias del Poder Judicial, al intentar que un juez libre embargos en un plazo de 48 horas. Los legisladores deben aprobar un código consensuado que rija para los próximos 30 años. (Mario Salvo, panelista)

“Este proyecto produjo un desequilibrio al aumentar las facultades y las sanciones para Rentas, y privando de derechos a los contribuyentes. Se pierde la presunción de inocencia marcada por la Constitución”. (Luis Comba, tributarista)

“Esta reunión es el grito desesperado del pueblo para que entre todos los sectores elaboremos un código”. (Catalina Lonac, empresaria)

“Es vergonzoso escuchar que digan que el proyecto será aprobado en la primera sesión. El gobernador, además de ser político, no dejó de ser un empresario”. (Humberto Sánchez, titular de la FET)