Se oponen a las pericias militares

El fiscal federal número 1, Emilio Ferrer, solicitó la revocación parcial de la resolución mediante la cual el juez federal Jorge Parache dispuso suspender las audiencias indagatorias a las que el ex gobernador Antonio Bussi debía ser sometido en Tucumán. Aclaró que no está conforme con la medida dispuesta.
Ferrer reclamó que el ex gobernador sea internado en un hospital público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no en el Hospital Militar Central, como dispuso el magistrado (ver “Aplazaron...”). Concretamente, pidió que el lugar de internación no tenga dependencia o relación alguna con instituciones militares o de fuerzas de seguridad, y que cuente con el equipamiento idóneo para atender las patologías bajo tratamiento.
“Estamos en condiciones de requerir la más absoluta imparcialidad y objetividad de los informes médicos exigidos, por lo que no es aconsejable que estos provengan de profesionales que son camaradas de armas del procesado”, manifestó el fiscal federal.
El funcionario judicial reclamó que los médicos que controlen a Bussi sean taxativamente designados por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, con intervención del cuerpo forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hecho sugerente
El fiscal Ferrer advirtió que, llamativamente, el último informe médico presentado por la defensa del ex gobernador guarda estrecha similitud con otros anteriores.