Aplazaron el traslado de Bussi a Tucumán

El lunes, poco antes de la medianoche y mientras aún resonaban los cruces entre simpatizantes de Fuerza Republicana y militantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, el juez federal número uno Jorge Parache decidió suspender provisoriamente el regreso a Tucumán del ex gobernador Antonio Bussi.
La medida fue notificada ayer a las partes; pero era esperada desde 48 horas antes, ya que el Estado Mayor del Ejército no había concretado el traslado de Bussi a la provincia desde Buenos Aires, ordenado por el magistrado para que el ex mandatario fuera sometido a numerosas declaraciones indagatorias por desaparición de personas durante la década del 70.
La primera audiencia, prevista para las 9 de ayer, estaba relacionada con el secuestro del médico Carlos Román Apaza, ocurrido en 1977, en plena vía pública. Tanto este acto procesal como los restantes quedaron en suspenso.
Parache fundó su medida en un informe médico suscripto por cinco profesionales que atienden habitualmente al ex mandatario en el Hospital Militar Central de la Capital Federal, que afirmaron que el ex gobernador sufrió un agravamiento de su estado de salud, por lo que desaconsejaban el traslado ordenado.
A partir de la nueva pericia, el juez federal dispuso que Bussi sea sometido a estudios e internado en el centro clínico porteño (el fiscal federal Emilio Ferrer pidió que sea alojado en un hospital público), donde ahora cumplirá con la prisión preventiva dictada por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse. También ordenó que le sea remitido un informe diario sobre el estado del paciente y sobre la evolución de los trastornos que padece.
Asimismo, Parache solicitó a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que autorice el traslado del médico forense de ese cuerpo, Raúl Asial, hasta el sitio donde está internado Bussi para que le practique un exhaustivo y completo examen. Las conclusiones a las que llegue el profesional serán clave para determinar la situación real del militar (r) y su posible traslado a Tucumán.
Desde octubre de 2003, el ex gobernador está detenido y, desde noviembre de ese año, estaba bajo arresto domiciliario en la casa de su hija Claudia, en Pilar, provincia de Buenos Aires.

Complicado cuadro
El informe en el que se basó Parache para suspender las audiencias tiene fecha 15 del corriente y fue suscripto por Antonio Serafín Pignataro, Rodrigo Bertolami, Marcelo Matiuzi, Jorge Mario Delgado y Francisco José Gambino, quienes se desempeñan en el Hospital Militar Cosme Argerich, con rango en la carrera en el Ejército.
El abogado la parte acusada, Horacio Conesa Mones Ruiz, aportó el testimonio de los profesionales que no integran el cuerpo forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante, como advirtieron sobre un severo peligro para la vida del paciente, Asial considera que no es conveniente o aconsejable el traslado en esta oportunidad.
Según los médicos que tratan a Bussi, este sufre un elevado riesgo cardiovascular; es clínicamente inestable, con compromiso coronario; tiene estenosis aórtica e irregularidad en las cifras de la tensión. Añadieron que padece un agravamiento de sus condiciones generales, con ideas autodestructivas latentes y sugirieron una internación psiquiátrica, a la que se negó. También presenta disneas y frecuentes episodios anginosos, persistencia de fibrilación auricular, una leve hipertensión arterial y una agudización de la depresión. Sin embargo, entendieron que bastaba con un control semanal.