29 Enero 2006 Seguir en 
El accidente que alteró la tranquilidad veraniega del barrio Victoria en nuestra capital, es una nueva y dolorosa señal de alarma sobre los peligros que acarrea la falta de respeto que mostramos los tucumanos por las reglas del tránsito. Una nena de cinco años está muy grave en el Hospital de Niños y un adolescente de 17 años, que conducía el vehículo que la dejó en ese estado, ya sufre la condena de una sociedad que quiere tomar justicia por mano propia.
Las estadísticas son contundentes. Sólo en San Miguel de Tucumán se registran 30 accidentes de tránsito por día, y la cifra que crece en cada relevamiento. No todos los siniestros toman estado público en los medios de difusión, ni tampoco generan tragedias como la ocurrida en barrio Victoria. Sin embargo, son un síntoma reiterado y alarmante de una sociedad que vuelca su irresponsabilidad al comando de un volante. Las dos personas que, en promedio, mueren por día como consecuencia de estos hechos, confirman el aserto.
Todo los especialistas consultados por LA GACETA coinciden en el mismo diagnóstico. Los tucumanos transgreden la normas de tránsito y el hábito de no cumplir con lo que las reglas establecen está muy arraigado. Son además, conductores agresivos e irresponsables que se rigen por la regla del "primero yo". Estas características, aunque no son propias de quienes comandan vehículos y también pueden encontrarse en otras facetas de nuestra convivencia cotidiana, adquieren en las rutas y caminos un carácter letal. Un automóvil o una motocicleta conducida por alguien con este perfil se transforma en un arma sin control.
El problema se agrava cuando son menores quienes están al mando de los vehículos. La ley los presume irresponsables e inmaduros para ejercer ese rol, pero a la sociedad tampoco parece importarle cumplir con las normas en este aspecto. La responsabilidad de las familias, en especial de los padres que avalan que sus hijos manejen cuando no están en condiciones de hacerlo, adquiere aquí una dimensión que merece ser considerada en la misma proporción que el incumplimiento generalizado de las reglas del tránsito.Se suele repetir que la política y quienes se dedican a ella como su actividad, son un reflejo de la sociedad. Y es en este tema donde podemos encontrar ejemplos para sostener esa afirmación. La actuación de los poderes públicos es coincidente con el devenir cotidiano de la sociedad. Poca predisposición a hacer cumplir las reglas e inoperancia para dar respuestas firmes y razonadas, caracterizan el trabajo de casi todas las reparticiones estatales responsables de atender el problema de los accidentes de tránsito.
Lo que sucede con los carnés de manejo refleja la mezquindad y la cortedad de miras con que actúan los funcionarios. Hace dos años LA GACETA demostró que una misma persona podía conseguir cinco de esos permisos para conducir en distintas municipalidades, al mismo tiempo y sin necesidad de demostrar que sabía conducir. El afán recaudador (para obtener el carné se paga un arancel) prima sobre la necesidad de realizar cualquier control a quienes tendrán la responsabilidad de surcar calles y caminos. Desde hace diez años que funciona un Consejo Provincial de Seguridad Vial, pero la cuestión no ha obtenido una resolución de fondo.
Cada tanto, algún hecho trágico suele reinstalar el debate sobre los peligros del tránsito entre los tucumanos. Cuando se acallan los ecos de esos sucesos, la realidad vuelve a ser tan caótica e incontrolada como siempre. Ciudadanos y funcionarios deberíamos comenzar a asumir este como un problema de todos, en el que cumplir las leyes y someternos a sus obligados límites es una condición necesaria para preservar la vida.
Las estadísticas son contundentes. Sólo en San Miguel de Tucumán se registran 30 accidentes de tránsito por día, y la cifra que crece en cada relevamiento. No todos los siniestros toman estado público en los medios de difusión, ni tampoco generan tragedias como la ocurrida en barrio Victoria. Sin embargo, son un síntoma reiterado y alarmante de una sociedad que vuelca su irresponsabilidad al comando de un volante. Las dos personas que, en promedio, mueren por día como consecuencia de estos hechos, confirman el aserto.
Todo los especialistas consultados por LA GACETA coinciden en el mismo diagnóstico. Los tucumanos transgreden la normas de tránsito y el hábito de no cumplir con lo que las reglas establecen está muy arraigado. Son además, conductores agresivos e irresponsables que se rigen por la regla del "primero yo". Estas características, aunque no son propias de quienes comandan vehículos y también pueden encontrarse en otras facetas de nuestra convivencia cotidiana, adquieren en las rutas y caminos un carácter letal. Un automóvil o una motocicleta conducida por alguien con este perfil se transforma en un arma sin control.
El problema se agrava cuando son menores quienes están al mando de los vehículos. La ley los presume irresponsables e inmaduros para ejercer ese rol, pero a la sociedad tampoco parece importarle cumplir con las normas en este aspecto. La responsabilidad de las familias, en especial de los padres que avalan que sus hijos manejen cuando no están en condiciones de hacerlo, adquiere aquí una dimensión que merece ser considerada en la misma proporción que el incumplimiento generalizado de las reglas del tránsito.Se suele repetir que la política y quienes se dedican a ella como su actividad, son un reflejo de la sociedad. Y es en este tema donde podemos encontrar ejemplos para sostener esa afirmación. La actuación de los poderes públicos es coincidente con el devenir cotidiano de la sociedad. Poca predisposición a hacer cumplir las reglas e inoperancia para dar respuestas firmes y razonadas, caracterizan el trabajo de casi todas las reparticiones estatales responsables de atender el problema de los accidentes de tránsito.
Lo que sucede con los carnés de manejo refleja la mezquindad y la cortedad de miras con que actúan los funcionarios. Hace dos años LA GACETA demostró que una misma persona podía conseguir cinco de esos permisos para conducir en distintas municipalidades, al mismo tiempo y sin necesidad de demostrar que sabía conducir. El afán recaudador (para obtener el carné se paga un arancel) prima sobre la necesidad de realizar cualquier control a quienes tendrán la responsabilidad de surcar calles y caminos. Desde hace diez años que funciona un Consejo Provincial de Seguridad Vial, pero la cuestión no ha obtenido una resolución de fondo.
Cada tanto, algún hecho trágico suele reinstalar el debate sobre los peligros del tránsito entre los tucumanos. Cuando se acallan los ecos de esos sucesos, la realidad vuelve a ser tan caótica e incontrolada como siempre. Ciudadanos y funcionarios deberíamos comenzar a asumir este como un problema de todos, en el que cumplir las leyes y someternos a sus obligados límites es una condición necesaria para preservar la vida.







