Política de precios y corto plazo

Las políticas de corto plazo y no las que apuntan a los destinos promisorios del país han sido las dominantes a partir de la crisis que puso fin al gobierno de la Alianza. La brevedad de las sucesiones transitorias que amenazaron a la constitucionalidad y el reducido caudal electoral con que accedió al cargo el presidente Néstor Kirchner, por causa de las divisiones en el PJ, contribuyeron a mantener esas políticas, urgidas por la necesidad de consolidar el poder gubernamental.
La manifestación más inmediata y testimonial de esa realidad es ahora el rumbo elegido por el Gobierno central para hacer frente a la inflación, acuciado por la aproximación de su renovación electoral. Es decir, el que lleva a combatir los efectos postergando la consideración de las causas que, a su vez, tienen origen en el cortoplacismo que difiere la definición de un modelo económico general.
El punto esencialmente demostrativo es el de la política de precios, que sustrae al mercado de su gestión, tratando de evitar que la demanda con una oferta en disminución acelere el proceso inflacionario. No es intención del Gobierno poner fin al sistema de economía libre en una realidad internacional donde la cerrada tan sólo se aplica en algunos regímenes totalitarios con los resultados conocidos. Pero los acuerdos sobre precios que el Presidente gestiona, están tomando un cariz compulsivo con el que se trata de eludir la ausencia de medidas estructurales de mediano y largo plazo en la economía; es decir, detener la fiebre sin combatir sus causas.
El problema más ilustrativo de esa política sin conexión con la realidad estructural de la economía es el complejo acuerdo sobre las carnes. En el mismo concurren intereses muy diferentes: minoristas, frigoríficos y productores, amén de una demanda de consumo que es récord mundial, con niveles de exportaciones históricos para la recuperación de la economía.
Las elevadas retenciones o impuestos a la exportación lograron por fin que el precio superior externo de las carnes no se trasladase al interno, amén de que el Gobierno opta en el corto plazo por posponer al mercado internacional en beneficio del local. Así lo ha sugerido el ministro del Interior, Aníbal Fernández, al amenazar a los productores con el incremento de las retenciones en lugar de su disminución, provocando reacciones en el sector que tuvieron duras respuestas en el propio Kirchner, con descalificaciones del empresariado ganadero, e imponiendo un registro para exportar. Mensaje va y réplica viene, los términos de ese diálogo contaminado alcanzaron en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) niveles de agresión verbal reveladores de que, más allá del debate por los precios, existe entre las partes una barrera discriminatoria donde la política oficial se confunde con las inquietudes del futuro electoral.
Si la posición gubernamental consiste en tratar de forzar a los productores, es muy probable que el sector considere la conveniencia de trasladar sus inversiones a la agricultura. Al menos, es la interpretación extendida entre los siete grupos representativos que se resisten hasta el momento a los acuerdos sin reducción drástica de las retenciones. Pero una medida de esta naturaleza afectaría a las cuentas fiscales que el Gobierno exhibe como testimonio de buen desempeño. Más la confrontación planteada debe ser observada como un efecto contaminante para esa táctica precariamente antiinflacionaria, que trata de posponer el problema estructural de largo y mediano plazo. Por otra parte, no constituye un escenario propicio para alentar las inversiones en proporción consecuente con un modelo confiable de crecimiento, cuestión fundamental para los intereses del país.