Hoy dos familias están en dolorosa crisis. La de la nena de cinco años atropellada hace tres días en la avenida Independencia -criatura que se encuentra en grave estado- y la del adolescente que manejaba el auto, que no puede salir a la calle a pesar de que la Justicia no tomó medidas en su contra, ya que se trata de un accidente. Los vecinos están furiosos. La sociedad está conmocionada. Se busca un culpable, pero ¿hay un culpable?
La provincia está sacudida desde hace mucho tiempo por los accidentes de tránsito. No hay autoridad que no haya ensayado recetas para bajar el nivel de percances y que no destaque que los tucumanos somos agresivos para conducir y que no respetamos las normas viales. En 2005 había unos 21 choques diarios en la capital y ahora se habla de un promedio de 30.
Las autoridades afirman que hacen operativos. En la Municipalidad dicen que secuestran seis vehículos por día y que llevan más de 80 en lo que va del año. Los inspectores de Transporte de la Provincia secuestran 10 rodados a diario, y la recientemente creada Policía Vial hace 100 actas de infracción cotidianas en las rutas tucumanas. Sin embargo, como señala el subinterventor de Tránsito municipal, Manuel Bazán, "a pesar de la gran cantidad de secuestros, no cesan las infracciones".
Hoy se apuntan los dardos contra el adolescente que manejaba, y contra sus padres. Hace pocos meses, el comisario Pedro Lazarte, de Yerba Buena, se quejaba de la falta de responsabilidad familiar. "No importa la cantidad de controles que hagamos, si los progenitores les siguen prestando los autos a los jóvenes, a sabiendas de que consumen bebidas alcohólicas", decía.
Tanto la ira vecinal como echar la culpa a los padres muestran la punta del iceberg. Vivir en una sociedad con reglas laxas es responsabilidad de todos, y es tarea de las autoridades encontrar el camino para que esas reglas se cumplan. Y ahí está la primera complicación: ¿cuáles normas hay que cumplir? Desde hace mucho Tucumán está acostumbrada a encontrar atajos. Cuando surgió la Ley Nacional de Tránsito, hubo oposición porque los vehículos cañeros no encajaban dentro de la norma. Se adaptó la ley a la necesidad de la Provincia, y para evitar los siniestros que de ella derivaban, se creó la Policía Vial, hecha con influencias de punteros políticos y destinada a hacer actas y no prevención. Por ahora, tuvo relativo éxito en lo que hace a accidentes de carros cañeros. ¿Se aventó el riesgo? ¿Hará bajar las estadísticas? No. El día que no haya policías en las rutas habrá más choques.
También se distorsionó la norma nacional cuando se aceptó el funcionamiento de los autos rurales, verdaderas bombas de tiempo en seguridad vial. Se hizo lo mismo cuando se permitió que los municipios sigan otorgando, sólo para recaudar, licencias de conducir para gente de otras jurisdicciones circundantes. El 80 % de los capitalinos saca carnet en el interior, lo cual va contra la Ley nacional. Allí se obtuvo la licencia del chico que manejaba el auto del accidente en la avenida Independencia. Hace dos años, un periodista de LA GACETA demostró que se podía sacar carnet de manejo en cinco municipalidades sin rendir examen. Nada se hizo, a pesar de que los intendentes de esas jurisdicciones integran el Consejo de Seguridad Vial, creado hace diez años.
¿De qué sirve mostrar que se hacen secuestros si cada vez hay más infracciones? ¿No se debería sacudir a los que integran ese Consejo y preguntarles cuál es su responsabilidad y qué piensan hacer para cambiar las cosas? En estos dramas que tanto indignan hay también culpables indirectos, a los que hay que descubrir. Sólo una gran conmoción los saca a la luz, como ocurrió en el caso Cromagnon. Si no, cuando se acalla la ira, ellos se reacomodan ahí, escondidos en sus oscuros sillones de la burocracia.
