Las papeleras y el sentido común

El anuncio oficial de que la Argentina reclamará ante la Corte Internacional de la Haya por la construcción de dos plantas papeleras sobre el río Uruguay marca el rumbo consecuente de la insuficiencia con que ambas partes han manejado el conflicto.
Problemas eventuales de esa naturaleza están previstos por el Estatuto del Río Uruguay, suscripto en 1975 por los dos países, cuyo primer artículo señala con precisión que deben observarse derechos y obligaciones para el óptimo y racional aprovechamiento de ese curso fluvial común, en estricto cumplimiento de normas internacionales y de compromisos recíprocos de ambas partes.
Dicho estatuto creó igualmente la Comisión del Río Uruguay, que debe reunirse periódicamente para monitorear el cumplimiento del tratado y para examinar las actividades en los respectivos márgenes. Sorprendentemente, ni el gobierno montevideano cumplió con ese compromiso de informe y consulta previos, ni el de Buenos Aires exigió formalmente que lo hiciera, en una suerte de abstención del todo incomprensible. Las obras comenzaron en Fray Bentos y las reacciones sociales en la zona de Entre Ríos, eventualmente afectada por dichas plantas, no se hicieron esperar, hasta organizarse de tal manera que ejercen la interrupción de hecho del paso fronterizo Colón-Paysandú.
La inobservancia del estatuto común por el gobierno uruguayo y la tardía reacción del argentino dieron lugar para que el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, asuma la réplica, con virtual estímulo de las protestas y cortes fronterizos, mientras en Montevideo proliferaban las respuestas oficiales poco convincentes y con agresiva dialéctica. El problema descripto suscintamente, si bien grave por el riesgo contaminante que lo provoca, seguramente no lo es tanto como el daño que está suscitando en las relaciones históricas argentino-uruguayas. Relaciones que pasaron a lo largo del tiempo por dificultades que siempre pudieron ser resueltas por el alto grado de hermandad de ambas sociedades, más fuerte que las diferencias de circunstanciales gobiernos.
En esta ocasión, precisamente, los hechos sorprenden, incluso, por las afinidades ideológicas de los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez. El argentino más cuidadoso y hasta ausente en ese punto que el segundo, cuyo discurso en esta como en otras cuestiones del Mercosur depara una retórica inconsecuente con nuestra historia común. Ciertamente que al margen de la dura y autonómica posición del gobernador entrerriano, en nuestro país se han escuchado múltiples opiniones y consejos autorizados proponiendo investigaciones acerca de las tecnologías de esas plantas para tratar de no impedir el desarrollo uruguayo, preservando la salud ambiental en la región; ninguna de ellas, empero, tuvo la necesaria acogida de nuestras autoridades, acostumbradas a adoptar las decisiones mayores prescindiendo del diálogo enriquecedor.
Al fracasar por inoperancia de ambos gobiernos el Estatuto del Río Uruguay, el único camino formal lleva a la Corte de La Haya, más la perspectiva no es de las mejores por su largo curso de gestión. Ante ese panorama desalentador para las relaciones entre las orillas rioplatenses, no parece quedar otra salida que la buena voluntad que, por descuido o insuficiente visión política del conflicto, quedó olvidada, con los resultados a la vista. Ambas cancillerías deberán tratar de encapsular el conflicto, de tal manera que no siga contaminando nuestras relaciones históricas. Por cierto que, esencialmente, el diálogo de Kirchner y Vázquez, más allá de los protocolos y formalismos, debería demostrar que argentinos y uruguayos están bien representados en la preservación del fraterno pasado común.