Prieto pide otra política criminal

La camarista penal María del Pilar Prieto justificó los permisos de salida de los reclusos y agradeció a la Legislatura la creación de los juzgados de Ejecución de Sentencias. La magistrada reclamó cambios en la política social y criminal, y negó que las condenas duras sean la solución a los problemas de seguridad, al declarar ayer en el juicio político contra Alicia Freidenberg.
Prieto negó ser amiga de la jueza acusada, sobre quien dijo que actuó correctamente al ordenar el traslado de Alberto Tolosa, y que la fuga fue responsabilidad de la custodia policial.
Casi al final de la hora en que estuvo en el recinto, tuvo un durísimo cruce con el presidente de la comisión acusadora, Sisto Terán, quien afirmó que su declaración estaba teñida de parcialidad e imbuida de un espíritu de cuerpo, porque podía ser sometida a un virtual juicio político. La camarista dijo que se sintió amenazada, cuestionó la apreciación del legislador peronista y reclamó respeto. "He pasado por muchas cosas en esta vida, pero no ofende quien quiere, sino quien puede", sostuvo al salir.
"Esta Legislatura nos dio oxígeno al crear los cargos de ejecución de sentencia, que permitirá tratar de cerca cada caso, individualizando a las personas para que cumplan con las normas; se los agradezco. El decidirá si puede salir del penal, pero la custodia seguirá en manos del Servicio Penitenciario", destacó.
Prieto aclaró que los jueces no deben darle al pueblo lo que pide, sino lo que necesita, y rechazó las respuestas fáciles a los reclamos de las víctimas: "la parte nunca está satisfecha, quiere venganza y comprendo su dolor, pero el hijo no vuelve aunque tiremos al asesino de una roca".

Defensa de la sociedad
"Es muy importante que la familia no abandone al reo; mientras lo contenga, hay esperanza. La rehabilitación es para defender a la sociedad hacia delante. Necesito que ese hombre no vuelva a entrar en conflicto con la ley, y que mantenga y estreche sus relaciones familiares y sociales, según las circunstancias de tiempo, lugar y modo de cada penado y de sus parientes", sostuvo. Agregó que para otorgar permisos se requieren informes ambientales y médicos, de ser necesarios, pero no una consulta con el fiscal.
La camarista admitió que recibió la designación de Freidenberg en la Justicia con resquemor, pero que la sorprendió con su profundo conocimiento y sentido humano como penalista de raza. "El juez que no es garantista en una democracia es merecedor de juicio político y debe irse a la casa. Implica el respeto a todas las garantías del debido proceso", sostuvo.



"Existen 11 tratados internacionales sobre respeto a los derechos humanos a los que Argentina se adhirió y cuyos preceptos debe cumplir, con muchas pautas sobre el tratamiento de los reclusos y su readaptación social. Son derechos innatos con la persona como tal y hacen a su dignidad", explicó ayer el secretario de Derechos Humanos, Bernardo Lobo Bugeau, al testificar en el juicio político que se le sigue en la Legislatura a la presidente de la Sala VI de la Cámara Penal, Alicia Freidenberg, por la fuga de Alberto Tolosa.
El funcionario destacó la importancia de que un condenado mantenga contacto con el mundo exterior al penal, especialmente con su familia, y lo consideró como una obligación del Estado para la resocialización. Destacó que ella es una imposición legal al juez, según el Acuerdo de Tokio, que prevé los derechos de un penado. "Las normas no son piezas de museo, sino operativas y aplicables de oficio. La sociedad no es consciente de la importancia de los programas internacionales que hemos firmado, que deben ser cumplidos por el magistrado. La regla es la permisividad y la excepción es la negativa, que tiene que ser fundada", destacó.
Lobo Bugeau rechazó el concepto de que un condenado es un paria y reivindicó la recuperación social del delincuente, aun con los riesgos que ello implica.



"Alberto Tolosa tuvo una conducta ejemplar desde el 99 y hasta su fuga, salvo por dos sanciones: una por un apriete a otro interno, en 2003; y otra por haber sido sorprendido jugando a las cartas por dinero, en 2004", afirmó el cabo primero José Daniel Amaya, al testificar en el proceso de destitución contra la magistrada Alicia Freidenberg.
El suboficial rescató la relación del condenado con su abuelo Segundo Argota (su padre había fallecido). "Era como un padre de crianza para el interno. Además, el parentesco le permitía solicitar permisos de visita", dijo.
La declaración del oficial auxiliar Juan Carlos Argañaraz fue la más breve, y apenas duró 13 minutos. "Tolosa me denunció, porque le hacía requisas sorpresivas. Una vez se secuestró picadura de marihuana en el sector, pero en el pasillo. Dentro de todo, era un buen preso", relató.
El comisario Roberto Pellegrino, director del sector donde estaba alojado Tolosa, admitió que en muchas oportunidades habló con Freidenberg, para interiorizarla de la situación de los reclusos. "La magistrada impuso la obligación de que se le remitan todos los meses informes sobre los condenados que dependían de ella", afirmó. Su sello estaba puesto en el oficio para el que fue el último traslado con custodia del condenado, pero aclaró que la firma era de Argañaraz.




DE VACACIONES.- Siete testigos declararon ayer. El comisario retirado Raúl Pereyra no pudo ser citado, porque está de vacaciones fuera de la provincia. Hoy no concurrirá Elías Neuman, uno de los criminólogos más reconocidos del país, porque está en el exterior. Testificarán los profesionales que atienden a los reclusos en Villa Urquiza, María Herminia Ladetto Coria, Luis Seiffe y Mauricio Carcanella; la asistenta social María del Carmen Suárez; los comisarios Sergio Patto y Víctor Casasola; y el oficial Roberto Galván. El penalista Carlos Caramutti estará mañana, al igual que Olga Rivadeneira de Cisterna, madre de Luis Cisterna, el remisero asesinado por Alberto Tolosa.

DOS FALTAS.- Dos legisladores-jueces no concurrieron a la sesión de ayer: Rodolfo Danesi (el referente de Ciudadanos Independientes está internado en el Instituto del Diagnóstico de la Capital Federal) y Regino Amado (PJ). De los 12 miembros de la comisión acusadora, estuvieron Sisto Terán, Carlos Canevaro, Sergio Miranda, Aldo Salomón, Oscar Godoy, Luis Castro y José Costanzo (fue padre ayer de Angelina, quien pesó 3,1 kilos). Sólo los dos primeros estuvieron siempre, mientras que los otros entraban y salían del recinto.

LOS DENUNCIANTES.- Como siempre, la familia de Cisterna estuvo nuevamente presente en la sesión del Tribunal. Antes de comenzar, Manuel Pérez Acosta (padre de Alvaro Pérez Acosta) les dio su apoyo.

NUEVOS TESTIGOS.- Ferrari ofreció dos nuevos testigos. Son los médicos Alvaro Corrales y Carlos Ledesma Padilla, para que informen sobre la conveniencia del contacto familiar de los condenados.

QUINCE METROS.- El peronista Víctor Lossi quiso saber la distancia que había desde la puerta del penal hasta el lugar de alojamiento de Alberto Tolosa, para determinar el grado de impedimento de su abuelo en visitarlo. "Quince metros", dijo el comisario Roberto Pellegrino, en el último testimonio de ayer. La sesión comenzó a las 9.50 y concluyó a las 18.

JURAMENTO FORMAL.- Los testigos juraron decir la verdad, bajo advertencia de aplicación del Código Penal, que dispone el castigo de "prisión de un mes a cuatro años a quien afirmare una falsedad o callare la verdad en todo o en parte".

SOLO LOS DEFENSORES.- La camarista suspendida Alicia Freidenberg no concurrió a la reunión de ayer. En su representación lo hicieron sus abogados defensores, Mario Eberlé y José Agustín Ferrari, quien estaba en el recinto al momento de comenzar la sesión, no esperando afuera como es de rigor.