El PJ trata de superar sus diferencias

Los roces internos aún impiden saber si la camarista penal Alicia Freidenberg será absuelta o destituida. El director de Institutos Penales dijo que la magistrada suspendida pudo haber tenido más elementos positivos que negativos sobre Tolosa al autorizar su traslado.

EXTENSO TESTIMONIO. Salas declaró durante dos horas y media. LA GACETA / FOTOS DE JOSE NUNO, ANALIA JARAMILLO, FRANCO VERA E INES QUINTEROS ORIO
EXTENSO TESTIMONIO. Salas declaró durante dos horas y media. LA GACETA / FOTOS DE JOSE NUNO, ANALIA JARAMILLO, FRANCO VERA E INES QUINTEROS ORIO
Por Redacción Política 04 Enero 2006
Las diferencias en el Tribunal de la Legislatura quedaron al descubierto ayer, cuando los legisladores-jueces debieron votar por la aceptación o no de una pregunta dirigida al director de Institutos Penales, Ernesto Salas, formulada por el justicialista José Alberto Cúneo Vergés. La definición se produjo en medio del debate sobre si la camarista suspendida Alicia Freidenberg disponía de la información suficiente como para autorizar a Alberto Tolosa a salir del penal de Villa Urquiza (se fugó en agosto).
El interrogante a Salas era si hubiese dado el permiso de haber sido el magistrado encargado de dictarlo. La división se produjo dentro del propio PJ: el Tribunal autorizó la pregunta por nueve votos (opositores y algunos oficialistas) a siete (todos peronistas). Los roces causaron alarma en el PJ, y el bloque se reunirá hoy a las 8.30, antes de la nueva sesión, para tratar de limar roces ante los problemas internos que impiden afirmar si la jueza será condenada o absuelta.
Salas dijo que no podía responder como juez de la causa, pero que hubiese autorizado el traslado de contar con los informes correspondientes. Agregó que Freidenberg tenía más elementos positivos que negativos para evaluar a Tolosa, sobre todo porque antes no había habido problemas con sus salidas. Su testimonio fue el primero dado en el recinto, y consumió casi dos horas y media.

Estrategia acusadora

Los acusadores Sisto Terán y Carlos Canevaro giraron sobre el conflictivo comportamiento del preso y las denuncias contra él por el manejo de la droga en el penal. Salas resaltó que nunca pudo probar nada. Afirmó que el Servicio Penitenciario realiza 10.000 traslados por año por distintos conceptos, para lo cual creó un grupo especializado para atender a los 930 internos en penales de la provincia (sólo 380 de ellos cumplen condenas).
Salas se entrevistó con Tolosa en dos oportunidades, y lo calificó como una persona inteligente y despierta, interesado en mostrar buena conducta. Reconoció que lideraba un grupo en el penal para compartir actividades y defenderse mutuamente, pero negó que haya sido una banda.
El director remarcó que la ley busca la rehabilitación y resocialización de un reo, con un trato humanitario y reconocedor de la dignidad de las personas. “En un principio, si el permiso es justificado y si no hay elementos graves y contundentes, se lo otorga. Si no se los concedieran o estuvieran restringidos al máximo, sería una situación inhumana y la población carcelaria podría estallar de distintas maneras, por un clima propicio para el motín”, respondió ante la requisitoria de un legislador.
Resaltó que en el caso puntual de Tolosa no se había advertido ningún peligro especial de fuga, aunque admitió que la libertad es una tentación permanente. Admitió que la sala penal VI, que preside Freidenberg, es la única que requiere informes periódicos de sus internos, mientras que las otras salas penales lo hacen ante casos específicos. Reconoció que el oficio para la salida de Tolosa era defectuoso (no figuraba el lugar de traslado ni la fecha), pero negó que sea nulo.
Recordó que está abierto un sumario administrativo específico contra los policías que conformaron la custodia de Tolosa el día de su huida, y que además hay una causa penal contra ellos.


El PE está a cargo de los presos

El ex defensor del pueblo, Luis Acosta, desvinculó a la camarista Alicia Freidenberg de la responsabilidad de la huida del asesino Alberto Tolosa, ocurrida en agosto pasado, al testificar ayer ante el Tribunal de Juicio Político. “La norma vigente establece que el cuidado de un reo está a cargo del Poder Ejecutivo. El juez no tiene la potestad de la guardia de un interno”, afirmó.
El penalista admitió que solicitó numerosos traslados de reclusos y los justificó en la intención de afianzar los lazos familiares y para estudiar, con el objetivo de lograr la reinserción social. “No son beneficios, sino el ejercicio de un derecho. Hay medidas disciplinarias que son violatorias de los derechos constitucionales. La peligrosidad del delincuente se establece al momento de dictar sentencia, que es cuando se hace Justicia”, sostuvo.
Acosta consideró que los fallos dictados por la Sala VI de la Cámara Penal (Freidenberg la preside) siempre son razonables, absolutamente fundamentados y sin ninguna clase de sospecha sobre sus integrantes, en base a su experiencia personal. Acerca del caso Tolosa, destacó que los permisos de salida debieron darse con custodia (así se lo dispuso) y con comprobación fehaciente de la enfermedad de su abuelo.