Ratifican el proceso contra Freidenberg

El tribunal de Juicio Político rechazó ayer los planteos defensivos excepcionales de la camarista penal Alicia Freidenberg y dispuso continuar con el proceso de destitución en su contra. Durante la próxima semana, 31 testigos estarán en el recinto para declarar sobre las distintas instancias de la fuga del asesino Alberto Tolosa y de su comportamiento en el penal de Villa Urquiza, y sobre las condiciones personales y profesionales de la magistrada suspendida.
La defensa de la camarista planteó que el proceso era totalmente nulo, porque la acusación se fundamentó en mal desempeño en el cumplimiento de sus funciones, causal que no existe en la Constitución, entre otras consideraciones. El abogado José Agustín Ferrari -defensor de Freidenberg- recordó que la Carta Magna habla de falta de cumplimiento de los deberes a su cargo -“lo que es una omisión intencional”, dijo-, que no existió en este caso. También aseguró que se vulneraron principios de la defensa en juicio, por lo cual hizo reserva de recurrir a la Justicia.

Refutación
Este argumento fue refutado por la comisión acusadora, que destacó que la Constitución establece causales genéricas, que luego fueron especificadas en la ley de Juicio Político. En esa norma figura la negligencia en el ejercicio de sus funciones, eje de la imputación contra Freidenberg. Los legisladores que ofician de fiscales negaron además que se hayan vulnerado el debido proceso y las garantías constitucionales de la camarista, por lo que se opusieron a la nulidad pedida por los defensores.
Agregaron que la Legislatura tiene competencia para entender en este asunto, a partir del equilibrio entre los poderes del Estado, sin vulnerar la independencia de cada uno. “Lamentamos que en vez de ejercer el derecho de defensa refutando los hechos, haya optado por cuestionar un proceder ajustado a derecho con interpretación tendenciosa de la norma”, señalaron los miembros de la comisión.
La decisión del tribunal se tomó tras un cuarto intermedio de una hora, lo que motivó un voto dividido del cuerpo. Alejandro Sangenis y José Cano propusieron que la sesión se postergue por dos días para poder evaluar las posiciones de cada parte con sus asesores y formar una opinión acorde a derecho (criterio al que se sumaron Ramón Graneros, Jorge Mendía y Roberto Palina), mientras que los otros legisladores-jueces (de extracción peronista y radical) dispusieron que se resuelvan las presentaciones sin más dilación, para no complicar el cronograma del proceso.
Por amplia mayoría, el Tribunal rechazó todas las impugnaciones. Señaló que la acusación se basa en que la magistrada habría actuado con negligencia, causal contemplada por la Constitución. “Es una valla contra los peligros de la arbitrariedad, para impedir tanto una promoción fácil del proceso como que la permanencia del acusado en el cargo quedase librada al variable criterio de la Legislatura”, destacó.

Sin defectos
En la resolución se definió también que la acusación no tiene una fundamentación defectuosa, y que no hay arbitrariedad ni vulneración de los derechos de la magistrada. “No está en tela de juicio si la salida del penal de Tolosa fue transitoria o un traslado con custodia; ese debate es inoficioso. Lo que está en discusión es si para autorizarla, la magistrada se encontraba obligada al cumplimiento de deberes que omitió”, señaló el tribunal.
El organismo, además, se reivindicó competente para entender en el caso, y negó que eso implique un avance sobre la independencia del Poder Judicial.