22 Diciembre 2005 Seguir en 
Unos 200 condenados serán beneficiados hoy por el Poder Ejecutivo con rebajas en sus penas, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia, como todos los años, se opuso a la medida.
La Constitución de la provincia faculta en exclusividad al gobernador, en este caso a José Alperovich, a otorgar los beneficios y las fijaciones de pena a los condenados. Se trata de una práctica que se repite casi siempre a fin de año y, a decir del director de Institutos Penales, Ernesto Salas, es un aliciente para los internos que durante 12 meses han observado buena conducta y que están dando muestras de rehabilitación. “Se realizó un trabajo muy serio, que se inició con la evaluación de los tribunales de conducta y pasó luego al Instituto de Clasificación y Criminología; finalmente fuimos los integrantes de la Dirección de Institutos Penales los que refrendamos o no el análisis”, indicó Salas.
La opinión
Antes de otorgar el beneficio, el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, le envió una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Carlos Dato, en la que solicitó opinión sobre la oportunidad y la conveniencia de conceder los beneficios. En una acordada firmada los jueces Dato, René Goane, Alberto Brito, Héctor Area Maidana y Antonio Gandur, se rechazó en duros términos el otorgamiento del beneficio. “Es tradicional para este Tribunal mantener una posición contraria a la reducción y/o fijación de penas a los internos penados por delitos comunes, por considerar que las decisiones judiciales deben ser inexorablemente cumplidas”, dice el texto. “Sumado a ello -agrega-, el desmesurado aumento de la delincuencia provoca intranquilidad y descreimiento generalizado de la sociedad en sus instituciones protectoras”. “Por tal razón, y estando obligado el Poder Judicial a brindar un cada vez mejor servicio de justicia, garantía y seguridad en beneficio de la sociedad toda, este Tribunal considera inoportuna e inconveniente la medida”, finaliza el texto de los magistrados.
Los números
Actualmente, de una población carcelaria de 933 internos, hay 370 penados, incluidas algunas de las detenidas del penal de mujeres, en Banda del Río Salí. El resto está formado por procesados que aún no fueron juzgados. De los penados, unos 200 serán beneficiados. El secretario de Gobierno, Javier Noguera, indicó que en principio el gobernador firmará hoy el decreto otorgando las reducciones. “Esperábamos la opinión de la Corte, aunque como todos los años, se esperaba que fuera negativa. Sin embargo, esta es una atribución exclusiva del gobernador”, explicó. Los beneficios también tranquilidad en los detenidos, ya que son aguardados cada año y representan una forma de evitar conflictos internos. Según trascendió, en la lista no fueron incluidos aquellos reclusos que cumplen condena por casos de violación, ni aquellos que, habiendo recibido beneficios para salir de la cárcel, escaparon y luego fueron detenidos por haber cometido un nuevo ilícito. También se tuvieron en cuenta algunos casos de reincidencias para no otorgar reducciones de pena. Estas alcanzarán tres niveles (1, 3 y 5 %), según de las evaluaciones. En algunos de los casos, esta decisión les permitirá alcanzar, a algunos de los detenidos, el beneficio de las salidas extramuros; a otros se les dará por cumplida la pena. El gobernador, también a pedido de la Dirección de Institutos Penales, fijará penas en algunos casos. En general, se trata de reclusos con condena a perpetua, a quienes se les asignan 25 años de prisión. El decreto del gobernador Alperovich debe ser refrendado por Jiménez, por Noguera y por Salas.
ULTIMA DECADA
*1995: El gobernador Ramón Ortega dejaba el cargo y asumía Antonio Bussi. A pesar de la opinión de la Corte, se benefició a los detenidos.
*1996: Se dio la misma situación.
*1997: La Corte, como cada año, dijo que no se debían otorgar beneficios, pero desde el PE se desoyó el consejo.
*1998: Se vivió la misma situación.
*1999: A pocos meses de asumir, el gobernador Julio Miranda redujo penas a 143 presos que amenazaban con amotinarse.
*2000: Nuevamente la Corte dijo no, y el PE dijo sí.
*2001: La Corte dijo que las sentencias deben ser respetadas, pero el gobernador volvió a otorgar reducciones.
*2002: se repitió la misma situación.
*2003: El nuevo gobernador, José Alperovich, no otorgó beneficios, debido al poco tiempo que llevaba en el cargo.
*2004: Se otorgaron reducciones.
La Constitución de la provincia faculta en exclusividad al gobernador, en este caso a José Alperovich, a otorgar los beneficios y las fijaciones de pena a los condenados. Se trata de una práctica que se repite casi siempre a fin de año y, a decir del director de Institutos Penales, Ernesto Salas, es un aliciente para los internos que durante 12 meses han observado buena conducta y que están dando muestras de rehabilitación. “Se realizó un trabajo muy serio, que se inició con la evaluación de los tribunales de conducta y pasó luego al Instituto de Clasificación y Criminología; finalmente fuimos los integrantes de la Dirección de Institutos Penales los que refrendamos o no el análisis”, indicó Salas.
La opinión
Antes de otorgar el beneficio, el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, le envió una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Carlos Dato, en la que solicitó opinión sobre la oportunidad y la conveniencia de conceder los beneficios. En una acordada firmada los jueces Dato, René Goane, Alberto Brito, Héctor Area Maidana y Antonio Gandur, se rechazó en duros términos el otorgamiento del beneficio. “Es tradicional para este Tribunal mantener una posición contraria a la reducción y/o fijación de penas a los internos penados por delitos comunes, por considerar que las decisiones judiciales deben ser inexorablemente cumplidas”, dice el texto. “Sumado a ello -agrega-, el desmesurado aumento de la delincuencia provoca intranquilidad y descreimiento generalizado de la sociedad en sus instituciones protectoras”. “Por tal razón, y estando obligado el Poder Judicial a brindar un cada vez mejor servicio de justicia, garantía y seguridad en beneficio de la sociedad toda, este Tribunal considera inoportuna e inconveniente la medida”, finaliza el texto de los magistrados.
Los números
Actualmente, de una población carcelaria de 933 internos, hay 370 penados, incluidas algunas de las detenidas del penal de mujeres, en Banda del Río Salí. El resto está formado por procesados que aún no fueron juzgados. De los penados, unos 200 serán beneficiados. El secretario de Gobierno, Javier Noguera, indicó que en principio el gobernador firmará hoy el decreto otorgando las reducciones. “Esperábamos la opinión de la Corte, aunque como todos los años, se esperaba que fuera negativa. Sin embargo, esta es una atribución exclusiva del gobernador”, explicó. Los beneficios también tranquilidad en los detenidos, ya que son aguardados cada año y representan una forma de evitar conflictos internos. Según trascendió, en la lista no fueron incluidos aquellos reclusos que cumplen condena por casos de violación, ni aquellos que, habiendo recibido beneficios para salir de la cárcel, escaparon y luego fueron detenidos por haber cometido un nuevo ilícito. También se tuvieron en cuenta algunos casos de reincidencias para no otorgar reducciones de pena. Estas alcanzarán tres niveles (1, 3 y 5 %), según de las evaluaciones. En algunos de los casos, esta decisión les permitirá alcanzar, a algunos de los detenidos, el beneficio de las salidas extramuros; a otros se les dará por cumplida la pena. El gobernador, también a pedido de la Dirección de Institutos Penales, fijará penas en algunos casos. En general, se trata de reclusos con condena a perpetua, a quienes se les asignan 25 años de prisión. El decreto del gobernador Alperovich debe ser refrendado por Jiménez, por Noguera y por Salas.
ULTIMA DECADA
*1995: El gobernador Ramón Ortega dejaba el cargo y asumía Antonio Bussi. A pesar de la opinión de la Corte, se benefició a los detenidos.
*1996: Se dio la misma situación.
*1997: La Corte, como cada año, dijo que no se debían otorgar beneficios, pero desde el PE se desoyó el consejo.
*1998: Se vivió la misma situación.
*1999: A pocos meses de asumir, el gobernador Julio Miranda redujo penas a 143 presos que amenazaban con amotinarse.
*2000: Nuevamente la Corte dijo no, y el PE dijo sí.
*2001: La Corte dijo que las sentencias deben ser respetadas, pero el gobernador volvió a otorgar reducciones.
*2002: se repitió la misma situación.
*2003: El nuevo gobernador, José Alperovich, no otorgó beneficios, debido al poco tiempo que llevaba en el cargo.
*2004: Se otorgaron reducciones.
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