Jueces de Ejecución controlarán a los presos

El impacto del juicio político a la camarista penal Alicia Freidenberg fue determinante para que la Legislatura disponga, por unanimidad, la creación de dos juzgados de Ejecución Penal (uno en la capital y otro en Concepción). La ley fue sancionada ayer, y ahora habrá magistrados específicos que seguirán las condiciones de cumplimiento de las condenas y otorgarán o denegarán permisos de salida de la cárcel a los reos.
Freidenberg está suspendida y en proceso de destitución por haber habilitado numerosas salidas de Villa Urquiza a Alberto Tolosa, asesino del remisero Luis Cisterna. El preso se fugó hace meses, en una visita a su abuelo.
La ley dispone que un solo juez en la capital y otro en el sur concentrarán la potestad de dar beneficios y computarán el tiempo de condena. En caso de apelación a la decisión que adopte, actuará la sala penal que dispuso la pena, porque es el tribunal que más conoce el expediente del delito. También se crearán gabinetes técnicos especiales de asesoramiento. La primera iniciativa en este asunto fue presentada hace ocho años por el entonces legislador radical Carlos Courel.
En el debate parlamentario, el justicialista Juan Eduardo Rojas defendió la nueva institución y remarcó que era imprescindible crear órganos específicos con competencia para hacer un seguimiento de los condenados, en respeto de las garantías constitucionales, la posibilidad de resocializar a los presos y unificar criterios sobre los permisos. El justicialista Daniel Heredia también valorizó el cambio legislativo, y sostuvo que las salas penales tienen mucho trabajo como para encargarse, además, de los permisos de salida.

Cambio de parecer
"Fui uno de los que se opusieron a esta norma en su momento, pero ahora se impone, porque todo el sistema penal está mal. Hace falta un cambio, aunque no haya acuerdo sobre si este es el camino. El Poder Ejecutivo debe contribuir con un sistema carcelario más justo y el Poder Judicial, solucionando la falta de previsibilidad y de coherencia que motivó que asesinos y violadores se fuguen", propuso Sisto Terán (PJ). El bussista Carlos Canevaro destacó que el sistema carcelario está desbordado, y que no se lo controla otorgando permisos sino con establecimientos adecuados. "Tan importante como dictar sentencia es controlar cómo se la cumple", señaló.
Para el radical José Cano, la situación es sumamente compleja, porque muchas veces el Estado toma en cuenta a una persona cuando delinque. Afirmó que el endurecimiento de las penas lleva a peores resultados. "La cárcel es una escuela de delincuentes", admitió.

Uniformidad
"Por fin habrá uniformidad de criterios, no condescendencia en unas salas penales y restricciones en otras", concluyó el peronista Antonio Raed.
"Si hubiesen existido los juzgados de ejecución de sentencia, Alicia Freidenberg no estaría sometida a juicio político. La situación de esa magistrada se debe, precisamente, a que le dio permiso de salida a un preso", admitió al respecto el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Carlos Dato.
El titular del máximo tribunal reconoció que hay una discusión no resuelta sobre si el juez que condenó debe ser el mismo que sigue al preso durante todo el tiempo en la cárcel. Admitió que hay experiencias diversas en el país, donde existen despachos con esta competencia desde hace años. Dato resaltó que el Poder Judicial hace lo que la ley manda y se subordina a los preceptos que se dispongan, pero aclaró que no fue consultado por los legisladores sobre la creación de estos jueces. "No hemos acordado nada con los legisladores, ni se nos pidió opinión. Mi criterio es que hay que ver cómo camina esta institución para tener una definición. Hay 900 personas en la cárcel en la provincia, con las dificultades que existen en todo el mundo. Si se lo implanta, quiera Dios que acertemos con este instituto", señaló.