Aunque se había propuesto no hablar, Daniel di Módica, director de la empresa NOA Ferrocarriles S.A., subconcesionaria del tren Jardín de la República, rompió el silencio ayer y volvió a responsabilizar a la Provincia por los problemas relacionados con la subconcesión del servicio.
"Esto vino mal parido desde la primera licitación; es una cuestión política entre el Tribunal de Cuentas, la Dirección de Transporte y la Secretaría General de la Gobernación. En el medio estamos nosotros: una empresa privada", aseguró en el Palacio de Tribunales. "Fuimos unos locos que vinimos desde Buenos Aires a invertir en Tucumán, a poner en marcha el tren y a generar una fuente de trabajo. Pero no recibimos ningún apoyo de la gobernación". "Si me hacen cerrar el ferrocarril por problema de ellos -nosotros tenemos un contrato firmado legalmente por 10 años- y me quieren sacar la licitación, les va a salir caro", advirtió tras cartón.
Prevén despidos
Di Módica es uno de los imputados en la causa que investiga el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, por presunto fraude en perjuicio del Estado durante el proceso de subconcesión.
El Tribunal de Cuentas de la provincia objetó el proceso -y giró la causa a la Justicia- por considerar que no se habían cumplido todos los requisitos técnicos y financieros exigidos por el pliego. Sin embargo, el ejecutivo sostiene todo lo contrario. "Si no hubiese sido así y si no hubiésemos estado en condiciones, ¿creen que el gobernador y un ministro habrían firmado el decreto de subconcesión?", se preguntó.
"La garantía real de este proyecto es una póliza de $1 millón en favor de la provincia, que está presentado, pero mis propiedades no son garantías para Tucumán. Los $4 millones de que se habla están presentados por los socios, pero no están en la garantía", afirmó. Luego, añadió que la compañía enfrenta un proceso de reestructuración, que prevé el despido de medio centenar de trabajadores y otras medidas. "Estamos habilitados para salir -la semana pasada la Nación otorgó un permiso provisorio- pero no lo hacemos por esta reestructuración. Mientras peleaba con Nuevo Central Argentino (firma concesionaria de las vías), con la Dirección de Transporte y con todos los problemas conocidos, otra gente nos hacía un desfalco en la compañía", denunció pero sin dar nombres.
Di Módica prometió que se le pagará toda la deuda al personal, que ayer protestó frente a la estación de trenes por el pago de tres meses de sueldo. "Esperamos que el tren funcione lo antes posible", concluyó.
Empleados reclaman tres meses de sueldo
La empresa NOA Ferrocarriles S.A., subconcesionaria del tren Jardín de la República, afronta dificultades en casi todos los frentes. El Tribunal de Cuentas nunca terminó de autorizar la subconcesión; el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, investiga un presunto fraude en perjuicio del Estado, y la Nación fijó un plazo de 90 días para que se solucionen todos los problemas. A ello hay que sumarle el malestar de los aproximadamente 60 empleados de la firma, a los que les adeudan tres meses de sueldo.
Los trabajadores, que están de paro, quemaron ayer cubiertas en la Estación Mitre. Según los manifestantes, la firma canceló el sueldo de diciembre, pero les debe enero, febrero y marzo. "La empresa no invirtió ni un peso para reparar la única máquina con que cuenta, ya que sufre deterioros gravísimos", dijeron.
"Somos los más interesados en que el tren siga funcionando y viajando a Buenos Aires, pero ya no tenemos espaldas para aguantar esta situación, porque nuestras familias están pasando hambre y nuestros hijos ni siquiera pueden ir a la escuela", afirmó a LA GACETA Fabián Dumit.
"Esto vino mal parido desde la primera licitación; es una cuestión política entre el Tribunal de Cuentas, la Dirección de Transporte y la Secretaría General de la Gobernación. En el medio estamos nosotros: una empresa privada", aseguró en el Palacio de Tribunales. "Fuimos unos locos que vinimos desde Buenos Aires a invertir en Tucumán, a poner en marcha el tren y a generar una fuente de trabajo. Pero no recibimos ningún apoyo de la gobernación". "Si me hacen cerrar el ferrocarril por problema de ellos -nosotros tenemos un contrato firmado legalmente por 10 años- y me quieren sacar la licitación, les va a salir caro", advirtió tras cartón.
Prevén despidos
Di Módica es uno de los imputados en la causa que investiga el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, por presunto fraude en perjuicio del Estado durante el proceso de subconcesión.
El Tribunal de Cuentas de la provincia objetó el proceso -y giró la causa a la Justicia- por considerar que no se habían cumplido todos los requisitos técnicos y financieros exigidos por el pliego. Sin embargo, el ejecutivo sostiene todo lo contrario. "Si no hubiese sido así y si no hubiésemos estado en condiciones, ¿creen que el gobernador y un ministro habrían firmado el decreto de subconcesión?", se preguntó.
"La garantía real de este proyecto es una póliza de $1 millón en favor de la provincia, que está presentado, pero mis propiedades no son garantías para Tucumán. Los $4 millones de que se habla están presentados por los socios, pero no están en la garantía", afirmó. Luego, añadió que la compañía enfrenta un proceso de reestructuración, que prevé el despido de medio centenar de trabajadores y otras medidas. "Estamos habilitados para salir -la semana pasada la Nación otorgó un permiso provisorio- pero no lo hacemos por esta reestructuración. Mientras peleaba con Nuevo Central Argentino (firma concesionaria de las vías), con la Dirección de Transporte y con todos los problemas conocidos, otra gente nos hacía un desfalco en la compañía", denunció pero sin dar nombres.
Di Módica prometió que se le pagará toda la deuda al personal, que ayer protestó frente a la estación de trenes por el pago de tres meses de sueldo. "Esperamos que el tren funcione lo antes posible", concluyó.
Empleados reclaman tres meses de sueldo
La empresa NOA Ferrocarriles S.A., subconcesionaria del tren Jardín de la República, afronta dificultades en casi todos los frentes. El Tribunal de Cuentas nunca terminó de autorizar la subconcesión; el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, investiga un presunto fraude en perjuicio del Estado, y la Nación fijó un plazo de 90 días para que se solucionen todos los problemas. A ello hay que sumarle el malestar de los aproximadamente 60 empleados de la firma, a los que les adeudan tres meses de sueldo.
Los trabajadores, que están de paro, quemaron ayer cubiertas en la Estación Mitre. Según los manifestantes, la firma canceló el sueldo de diciembre, pero les debe enero, febrero y marzo. "La empresa no invirtió ni un peso para reparar la única máquina con que cuenta, ya que sufre deterioros gravísimos", dijeron.
"Somos los más interesados en que el tren siga funcionando y viajando a Buenos Aires, pero ya no tenemos espaldas para aguantar esta situación, porque nuestras familias están pasando hambre y nuestros hijos ni siquiera pueden ir a la escuela", afirmó a LA GACETA Fabián Dumit.
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