12 Diciembre 2005 Seguir en 
El fiscal de Cámara Horacio Astorga, quien se desempeñó durante el juicio que se realizó en contra del empresario Raúl Oyola, dueño del ómnibus que se desbarrancó el 15 de setiembre de 2002 en la Cuesta del Totoral, Catamarca, y que provocó la muerte de 49 personas, pidió que se aclaren algunos puntos sobre la actuación que le cupo en las audiencias.
Algunos de los familiares de las víctimas de la tragedia y de los sobrevivientes se habían enojado cuando Astorga decidió pedir una postergación de una semana para preparar el alegato del juicio, cuando ya había dispuesto de una semana para hacerlo. Astorga, en su descargo, negó esto. "Con respecto a la indignación de algunos de los presentes, esto fue una estimación errónea, subjetiva y desacreditante para el suscripto. Yo no percibí tal indignación", afirmó. "En cuanto -continuó- a no estar en condiciones de alegar, no significa incapacidad para hacerlo por causas imputables al suscripto, sino precisamente lo contrario; es responsabilidad para analizar con detenimiento y suma atención una causa compleja, para arribar a una influencia equitativa en el ánimo del operador judicial".
Su versión
Astorga también aseguró que, durante las audiencias, los testigos no acusaron a Oyola de pagar coimas en los puestos fronterizos, "como se publicó", ni tampoco que los testigos no esclarecieron dudas, sino que la valoración como elemento de prueba (el testimonio de los testigos) queda librado a la íntima convicción de los juzgadores.
El fiscal también hizo referencia a los análisis periodísticos sobre la falta de responsables de la tragedia. Según Astorga, "el juicio no tiene a la fecha un resultado definitivo, toda vez que aún están pendientes recursos e impugnaciones ante el Tribunal Superior de la Provincia, que implican que los condenados policías conservan su principio de inocencia y los absueltos pueden ser declarados culpables, en razón de que la sentencia no adquirió jerarquía de cosa juzgada material y formal, y puede ser casada (presentar recursos) total o parcialmente". Astorga pidió que se condenara a Oyola a cuatro años y seis meses de prisión por "cohecho pasivo" y solicitó cinco años de prisión para los policías Manuel Garzón y Héctor Luján por "cohecho y violación a los deberes de funcionario público". Sólo estos fueron condenados.
Algunos de los familiares de las víctimas de la tragedia y de los sobrevivientes se habían enojado cuando Astorga decidió pedir una postergación de una semana para preparar el alegato del juicio, cuando ya había dispuesto de una semana para hacerlo. Astorga, en su descargo, negó esto. "Con respecto a la indignación de algunos de los presentes, esto fue una estimación errónea, subjetiva y desacreditante para el suscripto. Yo no percibí tal indignación", afirmó. "En cuanto -continuó- a no estar en condiciones de alegar, no significa incapacidad para hacerlo por causas imputables al suscripto, sino precisamente lo contrario; es responsabilidad para analizar con detenimiento y suma atención una causa compleja, para arribar a una influencia equitativa en el ánimo del operador judicial".
Su versión
Astorga también aseguró que, durante las audiencias, los testigos no acusaron a Oyola de pagar coimas en los puestos fronterizos, "como se publicó", ni tampoco que los testigos no esclarecieron dudas, sino que la valoración como elemento de prueba (el testimonio de los testigos) queda librado a la íntima convicción de los juzgadores.
El fiscal también hizo referencia a los análisis periodísticos sobre la falta de responsables de la tragedia. Según Astorga, "el juicio no tiene a la fecha un resultado definitivo, toda vez que aún están pendientes recursos e impugnaciones ante el Tribunal Superior de la Provincia, que implican que los condenados policías conservan su principio de inocencia y los absueltos pueden ser declarados culpables, en razón de que la sentencia no adquirió jerarquía de cosa juzgada material y formal, y puede ser casada (presentar recursos) total o parcialmente". Astorga pidió que se condenara a Oyola a cuatro años y seis meses de prisión por "cohecho pasivo" y solicitó cinco años de prisión para los policías Manuel Garzón y Héctor Luján por "cohecho y violación a los deberes de funcionario público". Sólo estos fueron condenados.
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