Un sistema que puede sepultar a la oposición

Si recorremos la historia de los procesos electorales tucumanos desde el retorno de la democracia en 1983, veremos que -pendularmente- hemos pasado de la no regulación a la regulación absoluta en relación con cómo se definen las candidaturas dentro de los partidos.
En una primera etapa, la decisión quedó en manos de las cúpulas partidarias. Cuando, en respuesta al reclamo de mayor participación de los afiliados, se hicieron internas para las elecciones del año 1987, el proceso fue tan feroz y desgastante que se propuso la Ley de Lemas como un modo de evitar la sangría interna dentro de los partidos. Se trasladó, entonces, a la elección general y a todo el cuerpo electoral la decisión respecto de quienes serían los ganadores entre los numerosos (luego numerosísimos) candidatos de cada partido.
Cuando la Ley de Lemas hizo los estragos que ya habíamos anunciado dentro y fuera de los partidos, la respuesta fue la incorporación -vía Ley Provincial 7536, en marzo de este año- del Capítulo XII a la Ley de Partidos Políticos Nº 5454, que establece la obligatoriedad de hacer elecciones internas, abiertas y simultáneas para la nominación de cargos públicos provinciales.
Tal fue el entusiasmo por este mecanismo que la oposición - con razón y por vía judicial- le frustró al oficialismo la posibilidad de hacer simultáneamente la elección de diputados nacionales y de convencionales constituyentes el 23 de octubre, y lo obligó a hacer internas para la elección de los candidatos a convencionales constituyentes (nunca se había explicado la injustificada causa de la exclusión de este procedimiento para estos cargos).
Lo que en aquel momento el oficialismo vivió como una derrota, hoy -después del categórico resultado de la última elección- tiene el sabor de la revancha, porque todo anuncia que el gobernador tendrá una nueva oportunidad para obtener un éxito electoral.
Tarde, pero necesario, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿qué integración tendrá la futura Convención si el oficialismo logra mejorar su performance del 61,7% de los votos frente a una oposición que, entre las abstenciones, las frustradas alianzas electorales y la dificultad de superar el piso del 10% en las internas de diciembre estará casi ausente de los comicios?
¿Error en los cálculos? ¿Equivocación en la estrategia? No lo sabemos. Sólo sabemos que este procedimiento -que se diseñó con la idea de dar mayor participación y alumbrar mejores candidaturas- puede llegar a ser el sepulturero de una oposición debilitada moral y económicamente. Una oposición en esas condiciones no beneficia a nadie, ni siquiera al oficialismo. Mucho menos a la Convención Constituyente que tendrá la responsabilidad de diseñar el Tucumán de las futuras generaciones.