Señal de alerta

La incorporación del Consejo de la Magistratura (CM) en la próxima reforma constitucional tucumana es casi un hecho. El mismo Gobierno que suprimió ese organismo hace dos años ahora lo levanta como la opción de transparencia en el modo de designar y de destituir a los miembros del Poder Judicial. Sin embargo, no todo sería tan claro. El grosero avance que proyecta el kirchnerismo sobre la integración del CM de la Nación, donde los políticos pasarían a tener mayoría (y el hiperoficialismo, cinco representantes sobre 13) es una señal de alerta. No cualquier modelo es igual, ni una institución es buena y prestigiosa por su mera sigla.
El debate sobre la existencia de un organismo estatal específico en esta materia no puede darse en forma independiente de quiénes lo van a integrar. Tener un CM controlado por una sola fracción (sean los políticos, los abogados, los académicos o los jueces) implicará la desnaturalización de su espíritu y un funcionamiento corporativo. De nada sirve cambiar de nombre, cuando no se cambia el contenido.
La institución nacional debe ser remozada, modificada y actualizada, ya que ha tenido logros importantes y mostrado deficiencias graves en su funcionamiento. Pero ello se debe dar luego de un debate amplio. Ese mismo mecanismo de diálogo es del que debe parir un necesario CM tucumano.