La auditoría pidió que se investigue si hubo maniobras ilícitas en dos juzgados

LA GACETA tuvo acceso al informe que el jefe de auditores del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM), Jorge dal Zotto, efectuó luego de haber analizado 112 causas tramitadas por los jueces federales Jorge Parache y Felipe Terán. Las conclusiones dieron lugar a que el Consejo de la Magistratura iniciara un sumario contra los magistrados a fin de determinar si incurrieron en alguna causal de destitución.
La auditoría había sido ordenada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y del CM, Enrique Petracchi. El detonante fue la sospecha de que habrían sido cometidas irregularidades en once expedientes (ver "Bajo la lupa...") abiertos con el fin de cobrar títulos de la deuda pública cuyo pago había sido suspendido por el Estado tras la declaración del default, en diciembre de 2001.
Dal Zotto concluyó que "puede inferirse la posible existencia de una maniobra delictiva tendiente a defraudar a la administración pública a través del cobro de bonos emitidos por el Estado nacional que no habrían entrado en el sistema de canje de títulos de la deuda pública".
La causa que más analizó el auditor fue la abierta ante Terán por Inés Yolanda Borquez. Esta, en su carácter de titular de bonos por U$S 620.000, reclamó la declaración de inconstitucionalidad del decreto 471/02, que había dispuesto la pesificación de aquellos títulos. A través de una medida cautelar, Terán ordenó al Estado que se abstenga de aplicar dicha norma y que le pague a la mujer la renta mensual (intereses) en dólares o, en su defecto, su valor en pesos.
El Estado nacional pidió la suspensión de la cautelar y advirtió sobre maniobras especulativas consistentes en la adquisición de títulos, por parte de mayores de 75 años (frente a estas cedía el decreto 471/02), con posterioridad a la cesación de pagos. Terán no hizo lugar y libró un nuevo oficio. El Estado nacional volvió a argumentar que, según un informe del Ministerio de Economía, "los U$S 620.000 que originaban el reclamo de la actora (Borquez) habían ingresado a su cuenta dos días antes de la interposición de la demanda y que, con posterioridad al dictado de la medida cautelar de diciembre de 2004, en febrero de 2005, habían ingresado otros U$S 4 millones".
"LLama la atención que, pese a lo expuesto por la demandada (el Estado), se haya librado oficio en el que se ordenó depositar todos los intereses y el capital vencido, y no sólo el pago de la renta mensual, tal como disponía la cautelar originaria", advirtió Dal Zotto.
También refirió que "sólo en seis de las causas el Estado hizo saber al magistrado interviniente que se trataba de títulos adquiridos casi contemporáneamente con el inicio de la acción, y siempre después de dictada y apelada la medida cautelar", que autorizaba el pago de los bonos.

Otros datos
Dal Zotto señala en su informe: "en otro orden de ideas corresponde destacar que en un gran número de las causas compulsadas interviene el estudio del Dr. Daniel Martín". Y que "cabe aclarar que dicho letrado, juntamente con el Dr. Alfredo Ducca y con el Dr. Diego Rafael Acuña, resultan ser apoderados de Borquez, siendo el último de los nombrados abogado en causa propia en el expediente 5242" (ver "Bajo la lupa"). Precisó además que "el citado estudio jurídico tuvo participación en 25 expedientes, aproximadamente".
"Con una participación menor puede resaltarse también la intervención de los estudios jurídicos de los Dres. José Espejo y Agustina Carbonell; debiendo destacarse que, en algunos casos en los que actúa dicha letrada, se termina desistiendo de la acción o renunciando al patrocinio", agregó Dal Zotto en el informe.
Dal Zotto también mencionó que "el expediente ?Ducca, Carlos c/Estado nacional s/inconstitucionalidad? (ver ?Bajo la lupa?), de trámite por ante el juzgado de Parache, en el que también interviene el Dr. Martín, fue extraviado, al igual que (el expediente) ?Acuña?, donde también actúa como letrado de la actora".
El informe, que consta de 18 páginas, también consigna: "resulta conveniente señalar que varios expedientes fueron extraviados, o escritos del Estado Nacional, perdidos o traspapelados, como así también quejas de los profesionales que lo representan en el sentido de no poder acceder a tomar vistas de las actuaciones. Dichas circunstancias se verifican principalmente en el Juzgado a cargo de Terán".


BAJO LA LUPA

Según la auditoría, habría un informe de la Procuración General del Tesoro de la Nación del que surge cuáles son los expedientes en que se habría apoyado la investigación.
En el Juzgado Federal a cargo de Jorge Parache:
1) Expediente 2159/05: "Alfaro Moreno, Carlos c/ el Poder Ejecutivo Nacional".
2) Expediente 5984/04: "Montejano, Antonio Juan contra el Estado Nacional".
3) Expediente 5638/04: "Nahas de Saade, Elsa contra PEN y Ministerio de Economía".
4) Expediente 5883/04: "Taranto, Antonio contra Estado Nacional".
5) Expediente 2987/04: "Saade, Fernando Pablo y otros, contra PEN y Ministerio de Economía".
6) Expediente 2989/04: "Saade, Fernando Pablo contra Estado Nacional".
En el Juzgado Federal a cargo de Felipe Terán:
7) Expediente 5710/04 "Fernández, Floreal Osiris contra Estado nacional".
8) Expediente 5826/04: "Camandona, Julio contra Estado Nacional".
9) Expediente 5242/04: "Acuña, Diego Rafael contra Estado Nacional".
10) Expediente 5532/04: "Scaravilli López, Alberto contra Estado Nacional".
11) Expediente 6450/04
"Borquez, Inés Yolanda contra Estado Nacional".