Concesiones al transporte trucho

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán sancionó una ordenanza que permite a los remiseros rurales establecen sus paradas en los lugares que prefieran, dentro de la ciudad, por el término de seis meses. Esta disposición anula la anterior, que les destinaba, para esos específicos fines, el Predio Ferial y la ex estación del Provincial, lo que había suscitado la protesta y el desacato de los remiseros. Todo esto significa que no se ha encarado una solución al problema de los transportistas truchos. Lejos de ello, se ha precarizado aún más el servicio, al otorgarles vía libre para operar a su capricho. Simplemente, se ha empujado el asunto para dentro de seis meses. Y no parece arriesgado conjeturar que, cuando se cumpla ese plazo, las cosas seguirán igual, ya que parece evidente que el criterio de los remiseros es rechazar todo lo que signifique ordenar su actividad con una licencia en regla. Así lo indican las cifras: hay más de 5.000 coches y 1.788 licencias disponibles, y para optar a estas solamente se presentaron 670 interesados. Es un cabal testimonio de que no existe ningún ánimo de encuadrarse en la legalidad.
De ese modo, la actividad de estas personas, hasta el momento, se sigue desarrollando con una alarmante carencia de control de un Estado que, inclusive, sanciona ordenanzas para que continúe el mismo compás. Control que resulta indispensable en algo vinculado a una temática de tanta importancia, como es el transporte de personas, y que de ninguna manera puede continuar rodeada de las actuales condiciones. Está de más decir que tal criterio choca con los declarados propósitos municipales de ordenar el caos tradicional que rodea al flujo de vehículos en la ciudad.
Se trata de un tema que hemos tratado, varias veces, en este comentario. Pensamos que es una de las más delicadas asignaturas que tiene pendientes el Estado. No puede discutirse que Tucumán está inmerso en una situación de emergencia social. Pero ello no puede ser pretexto para que el poder público permita que crezca una modalidad de trabajo, que rechaza todo encuadramiento que no sea el que le dicta su voluntad. Si semejante criterio llegara a generalizarse, y se expandiera a otras actividades, representaría la creación de un insólito cuadro de caos y de desgobierno que una comunidad civilizada no tiene por qué tolerar.
Así es que automotores cada vez más vetustos, más destrozados -es decir, cada vez menos seguros para los usuarios- siguen a cargo del transporte de muchos miles de personas entre nosotros. Configuran una realidad frente a la cual el Estado mira al costado y, cuando legisla, es solamente para favorecer su continuación. Pensamos que se trata de una actitud perjudicial, y que el poder público no puede continuar en ella, salvo que haya resuelto ignorar sus responsabilidades en asuntos de fuerte incidencia en la comunidad. Obvio es decir que no se puede gobernar diciendo que sí a todo.
La ciudad de Tucumán no puede pretender la condición de urbe moderna, a la que aspira, mientras mantenga irresueltas cuestiones tan importantes como la que nos ocupa. Y ellas no se resuelven con la tesitura cómoda de aceptar todo y de permitirlo todo. A esta altura de nuestra evolución, se hace imperioso fijar una política de Estado en este y en otros importantes temas. La estrategia sólo puede surgir de la más amplia participación de todos los involucrados, que deben congregarse para pensar seriamente en la ciudad del futuro, mediato e inmediato. No puede seguir San Miguel de Tucumán en la situación en que se encuentra, y que está caracterizada por el crecimiento de realidades ilegales a las que nadie parece dispuesto a poner término.