Pésima imagen del país

Hemos informado sobre los episodios de feroz violencia que tuvieron lugar en Mar del Plata, con motivo de la IV Cumbre de las Américas. Como se sabe, en la ciudad balnearia se desarrolló un dramático cuadro de protesta, que incluyó el incendio de un banco, y el saqueo y el destrozo de gran cantidad de comercios y de empresas. A esto se agregaron, además, los tonantes disturbios en la Capital Federal, en Rosario y en Neuquén. Todo esto, según resulta innegable, construye una pésima imagen de la República Argentina. Un país que requiere ayuda de los inversores extranjeros está mostrando, en los hechos, la apariencia de una nación revuelta por bandas violentas -que el Estado pareciera no controlar- , compuestas por gente que se tapa el rostro y que porta garrotes, concentrada en la destrucción y el saqueo de la propiedad pública y privada, bajo el pabellón de una protesta. Nadie puede pensar que se trata de un país serio, si puede llegarse a cada rato a esos extremos; y parece ilusorio creer que este panorama pueda resultar atractivo y estimulante para la inversión de capitales.
No se trata de discutir, por cierto, el derecho de las personas a expresar una opinión adversa, derecho que es sagrado en cualquier nación que funcione bajo la estructura republicana y democrática de gobierno. Pero una cosa es practicar tal atributo del ciudadano, y otro es expresarlo por vías que expandan el temor generalizado, y que envuelvan a una ciudad en el caos y la destrucción, como ha ocurrido en la ocasión que nos ocupa.Parecería ocioso recordar algo que todos saben. Esto es, que la prevención de acontecimientos de esa naturaleza, y el eficaz control de los mismos, cuando llegan a ocurrir, es responsabilidad indelegable del Estado. Y la información indica que esa responsabilidad no fue llenada a conciencia.
En efecto, la intervención de la Policía de Mar del Plata se produjo tras una considerable demora, lo que permitió a los revoltosos operar con verdadera furia sobre casas de comercio y locales de empresas. Por otro lado, no es menos criticable la actitud ambigua del Gobierno nacional que, en la práctica, vino a alentar tales acontecimientos. La realización de la denominada "contracumbre" (la III Cumbre de los Pueblos), tuvo como efecto generar un clima tenso y lleno de presagios, que para nada ha contribuido a que la reunión de jefes de Estado del continente se viera rodeada por un marco exterior menos azaroso.
Hace muy pocos días, los sucesos en la localidad bonaerense de Haedo dieron la pauta del extremo al que pueden llegar las protestas, cuando el poder público no toma inmediatas providencias para fijarles un límite. Inquieta advertir que, en nuestro país, hay un recurso a la violencia callejera que ya se ha incorporado a la vida cotidiana, y del cual nada bueno puede esperarse. Pareciera que los argentinos no hemos asimilado, como debiéramos, la aleccionadora y amarga experiencia que ofrece nuestra historia reciente, en este sentido. En la teoría, todos repudiamos la violencia; pero, en la práctica, no se advierten las actitudes del Estado dirigidas a prevenir su estallido y a imponerle el correspondiente freno.
Resulta lamentable, así, que con motivo de la IV Cumbre de las Américas, y a pesar de todas los recaudos previos de seguridad de los que el Estado hizo gala, se hayan registrado incidentes como los que ahora debemos deplorar. Ha de pensarse que, como decíamos al principio, la producción de estos acontecimientos ha hecho un flaco favor a nuestra imagen externa como país. Y que, además, para muchas personas, el estallido callejero ha significado horas de injusta zozobra y daños económicos tan cuantiosos como injustos. Nos parece que el Estado debe tomar medidas para erradicar, de las calles de las ciudades argentinas, a la violencia y a quienes la suscitan. Necesitamos vivir en paz.