La desprotegida sociedad plural

Los recientes días han demostrado, una vez más, que la sociedad, la gente común, se siente desprotegida y hasta abandonada por quienes la representan y deben preservar los derechos e intereses más elementales de la vida comunitaria. La interrupción inesperada de servicios públicos, los paros sindicales sorpresivos, las actitudes no solidarias que violentan la vida cívica se multiplican sin solución de continuidad. Frente a esas acciones irregulares, previstas como tales y consecuentemente sancionadas por la normativa legal, es frecuente que las autoridades de aplicación se muestren remisas y hasta ausentes por incapacidad o temor a agravar los hechos que, a la postre, convocan no pocas veces a la protesta insatisfecha, aprovechada por el vandalismo. Un caso testimonial ha sido el de la estación de Haedo, en el Gran Buenos Aires, en repudio del cual el sector sindical ferroviario anunció una huelga de protesta por 48 horas, agravando aún más la situación de los usuarios. Un día después, en Avellaneda, el enfrentamiento político-gremial en la Municipalidad local, causó destrozos e impidió los servicios comunales. En ninguna de ambas ocasiones la responsabilidad primaria de los hechos de naturaleza gremial dio lugar a la acción de la autoridad laboral, lo cual provoca un alto grado de impunidad de las dirigencias sindicales correspondientes.
Los hechos de Haedo fueron, por lo demás, otra muestra del grado de abandono de no pocos servicios ferroviarios privatizados, envueltos en la polémica y prolongada reestructuración contractual, además de las deficiencias en los controles de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, denunciadas hace tiempo, pero no atendidas, por la Auditoría General de la Nación. El defensor del pueblo de la Nación, a propósito de "las condiciones indignas en las que son transportados los usuarios", inició a mediados del año acciones judiciales, sosteniendo que el Estado es "cómplice por omisión". La Cumbre de las Américas reunida en Mar del Plata ha sido también motivo para que las actitudes de desprecio comunitario y la abstención de las autoridades de aplicación, castiguen a las comunidades que pagan impuestos y que cumplen con sus deberes. Los paros por ausentismo anunciado del gremio de subterráneos del distrito federal, invocando temores por la llegada al país del presidente de EE.UU., son otro ejemplo de irresponsabilidad que perturbó a los usuarios, con indiferencia de las autoridades laborales de la Nación.
Seguramente que la más demostrativa acción irregular contra los intereses generales ha corrido por cuenta del gremio docente en la Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires y en otros distritos, que dispuso la suspensión de clases en repudio a Bush por dos días. No satisfechos con la decisión, sus dirigentes anunciaron "charlas alusivas" en las aulas. Obviamente, con esto último se trata de impartir mensajes orientados por aquella consigna, burlando las principios que orientan la educación a cargo del Estado. Lo demuestra el hecho de que el titular de Ctera, Hugo Yasky, integrante de la "anticumbre" contestataria de Mar del Plata, haya sido uno de los organizadores de aquellas decisiones. Si bien las autoridades educativas, sorprendidas por tales medidas, compartieron en ciertos casos las razones de la protesta, estuvieron de acuerdo en que dichas acciones violentan las finalidades de la educación. Es de esperar, en consecuencia, una respuesta adecuada, que si no se produce por temor a reacciones más irregulares, agravará el alto grado de desprotección de los derechos e intereses que padece nuestra sociedad, así como el de impunidad que protege a los responsables.