Los taxis legales están desapareciendo de la capital y en su lugar crece el transporte trucho. Los taxistas cuentan que la falta de controles a los ilegales los está empujando a ellos a la ilegalidad, y calculan que quedan unos 800 vehículos con los papeles en regla. El director de Transporte municipal, Julio Rocha, los desmiente; dice que las cosas mejoraron, que hay 2.000 taxis legales, y que el problema es que hay demasiados ilegales, los cuales, a pesar de que les secuestran los autos, insisten en seguir circulando.
Faltaría hacer una encuesta entre la gente, para saber si hay suficientes taxis en los horarios pico, ya que no hay una estadística suficiente sobre el estado y la cantidad de vehículos en circulación. El mismo funcionario municipal estima que hay entre 4.000 y 5.000 ilegales en la capital, a los que hay que sumarles los autos rurales, la nueva modalidad de transporte que no termina de entrar en una norma porque su mismo germen es la ilegalidad. Con sólo comparar las cifras podría concluirse que lo normal, en materia de transporte, es la irregularidad, de modo que bien se puede pensar que los taxistas estén más cercanos a la realidad que el funcionario. Si es más costoso cumplir con las normas y los controles son inútiles, ¿qué les impide a los taxistas dejar de esforzarse y pasar a ser ilegales?
Este no es el único punto en contra en una administración municipal que se ufana de estar cambiándole la cara a la ciudad con pavimento e iluminación, y que se jacta de haber formado una buena parte del huracán electoral que significó el gobernador José Alperovich en los recientes comicios. También se ven problemas en el control de vendedores ambulantes y en la concesión del servicio de la basura, y ahora suena curioso que, mientras hay dinero para hacer obras, constantemente se mantengan problemas que parecen de otra época. Siempre se sospechó que había mafias interesadas en el mantenimiento de la ilegalidad en el transporte y en el crecimiento de los vendedores ambulantes, mafias que parecían crecer en consonancia con el aumento de la corrupción en la administración. Pero ahora no sólo se declama la transparencia, sino que nadie parece interesado en denunciar coimas y la Justicia disolvió la Fiscalía Anticorrupción por pedido del mismo fiscal Pedro Gallo. Hasta las mismas investigaciones por coimas en transporte municipal (hubo inspectores sumariados en su momento) quedaron en la nada.¿Quiere decir esto que ya no hay mafias ni corrupción en el transporte público? ¿Es que acaso hay más controles? Antes bien, el hecho de que cada vez haya menos taxis legales parece indicar que la estructura que permite la ilegalidad está intacta y bien aceitada. Aunque no haya quien la denuncie ni fiscales interesados en investigarla. A menos que los funcionarios hayan decidido dejar que la ilegalidad sea la norma -como parecen haber pensado algunos legisladores cuando hicieron la ley del auto rural compartido-. En esa hipótesis, tanto la mafia como la mentada municipalidad paralela habrían dejado de existir, ya que nadie estaría cobrando coimas a los ilegales y estos no estarían obligados a dejar una suma semanal para poder circular, como se dijo siempre. Estaríamos en un mundo feliz. Pero los taxis legales están desapareciendo y los ilegales subsisten.
Estos son problemas endémicos en Tucumán, lo cual no quiere decir que no tengan solución. Tampoco parecía tener solución la falta de pavimento o luz, y ahora hay vecinos como los de la calle Chile, que celebran alborozados la llegada de las obras, después de muchos años. Acaso se trate de decisión política y de comodidad. Tener dinero y hacer obras es más fácil que sentarse a elaborar una política de transporte con normas básicas de convivencia. Las obras bastan para ganar una elección. Lo otro implicaría generar conflictos que la administración no sabe si podrá enfrentar.
