"Se tienen que ir". Esta fue la frase que hace un par de semanas escucharon el jefe y el subjefe de Policía, Pedro René Ledesma y José Manuel Melián. Los interlocutores eran un grupo de comisarios, de comisarios principales y de comisarios inspectores, que les pidieron reunirse para expresarles su malestar por la falta de recambio que hay en la fuerza. El planteo fue simple, pero contundente: aquellos que ya hayan cumplido los años de servicio correspondiente deben ser retirados, lo que a su vez permitiría que se produjeran ascensos.
Los policías recibieron con alegría la llegada al Gobierno de José Alperovich. No tanto por comulgar con lo que iba a ser la nueva gestión, sino porque una de las primeras medidas fue otorgar los ascensos. Esto ocurrió en diciembre de 2003. Pero la alegría, con el paso de los meses, se transformó en bronca, ya que fue la última recategorización que recibieron. Desde hace semanas, la presión aumentó. Inclusive, muchos llegaron a pensar que el hecho de que el gobernador anunciara que tras las elecciones haría un relanzamiento de su gabinete iba a ser importante, ya que, creían, iban a producirse movimientos en el Ministerio de Seguridad Ciudadana. Esto, sostenían, podría llegar a derivar en un cambio de la cúpula policial. Pero hasta ahora nada de eso sucedió, aunque el rumor persiste.
La Ley Orgánica del Personal Policial establece que aquellos que ya ostentan el grado de comisario general deben pasar a retiro al cumplirse dos años con ese rango. En este marco, inclusive se encuentran Ledesma y Melián, quienes aún están en actividad. Pero ellos, al ser funcionarios políticos, pueden seguir sin problemas. Sin embargo, la situación de algunos de los actuales generales es ilegal. Quienes se encuentran en el medio de la pirámide (en su mayoría jefes de comisarías de la provincia) advierten que en los últimos dos años entraron al menos 3.000 agentes a la Policía, pero que hacia arriba no hubo ningún tipo de renovación. Aspiran a que se produzcan los ascensos no sólo por la mejora salarial (que de por sí es insignificante), sino para que no se les corte la carrera.
La jubilación
Pero quienes, según la ley, ya deberían haber pasado a retiro, sí esgrimen un fuerte condimento económico para mantenerse en sus puestos. Si se retiran con 26 años de servicio (cifra con la cual pasan a estar a disposición del jefe de Policía para que sea él quien decida si se quedan a se van) cobrarían aproximadamente el 75% de la jubilación. Para ellos el número mágico son 30 años de servicio, con lo cual se aseguran el 82% móvil.
La situación no es fácil, y lo sabe el ministro de Seguridad, Pablo Baillo, quien pareció salir fortalecido tras el 23 de octubre, cuando se mostró exultante (al igual que el resto del Poder Ejecutivo, es cierto) en la casa del gobernador manejando la computadora a la que llegaban los guarismos. Baillo, de a poco, fue imponiendo su propia idea de Policía, aunque a otros integrantes del ministerio no les gustara. Una de sus jugadas más fuertes fue la creación de la Policía Vial, a cuyos integrantes -vestidos con uniforme verde de camuflaje- los "azules" ven como una verdadera fuerza paralela. Ahora va por más, y él sabe que para garantizar su gestión debe ganarse la confianza de sus subalternos. Ledesma y Melián le comunicaron lo que había sucedido en la reunión realizada en la Jefatura. Le dijeron que el clima no era nada bueno y, además, en varios puntos, les habrían dado la razón a quienes se quejaban. Es que hay algunos comisarios que tienen 33 años de servicio y siguen trabajando.
En una estructura verticalista, como es la Policía (o cualquier otra fuerza de seguridad), el de arriba da órdenes, y el de abajo obedece. Pero en este caso la inquietud de los subordinados sonó tan fuerte que es difícil que no se cumpla.
