Violencia y destrucción

Los incidentes y actos de vandalismo registrados en Haedo, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, constituyeron un punto central en la información periodística de ayer, en todo el país. No era para menos, si se piensa que la estación ferroviaria de esa localidad se transformó en un infierno, durante lo que empezó como protesta de pasajeros por la demora del tren y terminó en la violencia más desenfrenada. El saldo, como se sabe, fue numerosos vagones quemados por los manifestantes, la destrucción de la estación, el saqueo de comercios, muchas personas heridas y detenidos. De acuerdo con algunas estimaciones, los daños representan sumas varias veces millonarias.
El terrible acontecimiento ha planteado una serie de interrogantes sobre su producción y su desarrollo; entre ellos, las horas que pasaron entre que la breve dotación policial fue desbordada y la llegada de fuerzas suficientes para controlar la situación. En cuanto a los responsables, se estima que actuaron tanto pasajeros descontrolados, como grupos de activistas y delincuentes que resolvieron sumarse al dramático cuadro de destrozo y de saqueo.
Puede entenderse que los integrantes de una multitud que está aguardando un convoy interurbano, y que se encuentra de pronto con que no puede viajar, tenga una fuerte carga interior de irritación, y que la manifiesten con dureza. Pero de manera alguna puede admitirse que ella se exprese en actos de furia y de destrozos desenfrenados en las propiedades pública y privada. Y mucho menos que, al calor de la protesta, activistas con los rostros cubiertos y armados con palos (cuya presencia es últimamente frecuente en las manifestaciones piqueteras) se sumen decididamente a ese cuadro dantesco de destrucción y saqueo. Se ha asistido así a una realidad de violencia que no puede sino suscitar profunda preocupación, tanto en gobernantes como en gobernados. Como se sabe, el Gobierno consideró que se trataba de un sabotaje, obra de grupos armados extremistas. Uno de estos, inclusive, llegó a considerar "justo y necesario" el enfrentamiento.
Nos parece que la Argentina ya tiene una experiencia lo suficientemente aleccionadora, respecto de lo que la violencia representa, y de los extremos atroces que puede alcanzar. Es sabido que carece totalmente de poder germinativo, y que de ella solamente puede crecer una mayor cuota de lo mismo. Por eso, no pueden seguir actuando impunemente, en la comunidad, grupos organizados cuyo propósito sea la generación de caos y de enfrentamiento. Debe plantearse seriamente la manera de terminar con expresiones como la que nos ocupa. El caso de Haedo debe, así, ser objeto de una profunda investigación, para que sus actores materiales e intelectuales reciban las sanciones que la ley prevé para tales casos, y con todo su rigor.
Por otro lado, entendemos que el Estado debe tomar la amplia gama de medidas que, en cualquier país, se adoptan para resguardar el orden público y la seguridad de las personas y de los bienes. Y estas medidas deben implementarse de modo que operen con la máxima eficacia y celeridad. De esa manera hubieran podido sofocar el martes, desde sus inicios, esa protesta que se transformó en un estallido de tan alarmantes características.
Repetimos que el episodio registrado en Haedo no puede quedar como una manifestación callejera más. La magnitud de la destrucción y de las derivaciones del hecho representa una serie de gravísimos delitos, que tienen que ser investigados y a cuyos responsables debe penar inexorablemente la ley. De otro modo, estaremos autorizando indirectamente su reiteración.