Urge reformar la política

En noviembre de 2003 el ministro del Interior, Aníbal Fernández, dispuso el análisis de la reforma política, respondiendo así a una solicitud de numerosas ONG, a cuyos efectos se creó en dicha cartera una subsecretaría ad hoc. Más allá de una convocatoria un mes después, no se volvió a tener noticias concretas de esa iniciativa, ni tampoco sobre la solicitud de otras ONG al vicepresidente Daniel Scioli, respaldada por medio millón de firmas y conteniendo numerosas propuestas y alternativas. Esos hechos y sus resultados no fueron una novedad, pues, recurrentemente, desde la restauración constitucional, los sucesivos gobiernos incumplieron otros tantos compromisos. En consecuencia, las recientes elecciones se han realizado con un marco de irregularidades sin precedentes y padrones partidarios que en su momento fueron calificados por el ex presidente Eduardo Duhalde como "no confiables". En primer término es muy difícil aceptar que 8 millones de ciudadanos estén afiliados a las 41 agrupaciones nacionales registradas en el país, de los que 3,7 millones figuran en el Partido Justicialista y 2,6 en la Unión Cívica Radical. Mucho menos después de la crisis que enfrenta el primero y de las escisiones que dividieron al segundo.
Pero ocurre algo más grave, y es que la fuerza política mayoritaria en los recientes comicios, el Frente para la Victoria, carece de afiliados. Y fue reconocida como organización partidaria por la Cámara Nacional Electoral en la provincia de Buenos Aires y en otros distritos, sin reunir las condiciones de la ley orgánica de partidos políticos; entre ellas, el cuatro por mil de afiliados del registro electoral del distrito correspondiente, amén de otras exigencias insoslayables. Todo esto no sería tan grave como la circunstancia de que, tanto la justicia electoral como la casi totalidad de los partidos no hayan cuestionado tales irregularidades, y aceptaron una situación que violenta extremadamente nuestra organización democrática. Desde la reforma constitucional de 1994 los partidos políticos están incluidos en la Ley Suprema como organizaciones intermedias del sistema representativo, cuyo funcionamiento es condición esencial de calidad republicana. Por cierto que casi nada de lo que su artículo 38 establece como exigencias y condiciones ha sido o es observado debidamente desde aquella inclusión, ni tampoco de las normas que reglamentan su ejercicio. Esas inobservancias toleradas y hasta funcionales de las diferentes gestiones de los poderes públicos, han tenido especial gravitación en la crisis que todavía agobia al país, en la medida en que la representación ciudadana se halla condicionada por la confesa lealtad de los representantes a los intereses partidarios. El reciente escrutinio electoral depara no pocas evidencias de que la realidad política poco tiene que ver con las vetustas estructuras del pasado, al que tanto se vilipendia, pero cuyas irregularidades sirven a la conquista del poder, mas no a la calidad de su ejercicio. Es por ello que vuelve a plantearse nuevamente la necesidad de reformas en los regímenes representativo y de partidos, mediante un diálogo que, sin interferir en la gestión pública, reúna al oficialismo y a la oposición, así como a ONG. La finalidad es clara: modernizar nuestro sistema representativo en crisis, de acuerdo con las experiencias propias y las más calificadas internacionalmente. El ideal sería cumplir con tan ambicioso propósito antes de las próximas elecciones para contribuir a que el prometido nuevo tiempo no sea otra frustrante realidad. Nuestra sociedad no puede continuar en la incertidumbre de lo que vendrá, sin participar mediante su representación eficaz en los destinos de la República.