Temas que queman

El presidente de la Legislatura, Fernando Juri, puso el dedo en la llaga cuando planteó como tres grandes temas pendientes de debate los proyectos de ley del Estatuto del Docente, de Acceso a la Información Pública y de Salud Reproductiva.
Si Juri enunció la necesidad de discutir esos tres temas como un aporte a la calidad institucional de la Cámara, se supone que esas iniciativas están en la actual agenda de discusión de la Legislatura, a través de sus diferentes comisiones.
Sin embargo, salvo el Estatuto del Docente, cuyo análisis está avanzado en la comisión de Educación que lidera Olijela Rivas, las otras dos iniciativas -que llevan años en estado parlamentario- son sendas brasas que incomodan al poder político.
Ayer, el legislador republicano Ernesto Padilla presentó en la Legislatura un proyecto por el cual se obliga al Poder Ejecutivo a hacer públicas todas las audiencias que se otorguen en su ámbito, desde el rango del gobernador hasta los subsecretarios. Son variaciones de un mismo tema, aunque una habla de derechos, y la otra, de deberes. La ley de Libre Acceso a la Información Pública postula el derecho de cualquier persona a acceder a determinada información, en tanto que la iniciativa de Padilla gira alrededor del deber del Estado de dar a publicidad sus actos de gobierno.
Inspirada en tratados internacionales y en la propia Constitución de 1994, la ley de Libre Acceso a la Información Pública (conocida como FOIA por sus iniciales en inglés, Freedom of Information Act) genera resistencias en sordina en los poderes del Estado provincial. Parecida suerte ha corrido el debate de una ley nacional sobre el tema, que ha vuelto a su cámara de origen -Diputados- tras modificaciones realizadas por la senadora Cristina Fernández de Kirchner que, en los hechos, significan una limitación en el alcance de la norma.
En cuanto a la ley de Salud Reproductiva, esta divide las aguas en la comunidad tucumana. Ya en la Legislatura anterior fenecieron proyectos impulsados por Rodolfo Succar y por Nora Vázquez de Argiró, en vista de que hay un sector de la comunidad que -haciendo caso omiso al planteo científico de los riesgos de la maternidad adolescente, del impacto social de los embarazos no deseados, o de la necesidad de educar hacia una maternidad y paternidad responsable- equipara ley de salud reproductiva con apoyo al aborto. Habrá que ver si Juri se anima a bajar el debate sobre ese tema al recinto.
Hasta ahora, de ese trío al que Juri catalogó como "de importancia institucional", sólo está avanzada la actualización del envejecido Estatuto del Docente, que tiene más de 30 años.
En sus rondas con distintos sectores educativos, la comisión que lidera Olijela Rivas busca consensos a temas como la rejerarquización (una directora gana casi lo que una maestra con el máximo de antigüedad) y aumentos en los puntos del cargo testigo. Esas figuras permitirían una mejora en los haberes de los trabajadores de la educación sin que ello implique inmiscuirse en las cuestiones salariales, que no tienen potestad legislativa.
La discusión también incluirá temas particularmente sensibles, como el de las licencias docentes y el acceso a cargos directivos por concurso de antecedentes y oposición.
La Unión de Docentes Tucumanos (UDT) propicia un cambio en el límite de edad para el ingreso a la docencia. El techo actual es de 35 años, y se discute correrlo a los 40. Pero quieren ir por más, y esgrimen para ello un fallo judicial de la ciudad de Buenos Aires, que dice que no debe haber cepos en edad, porque ello implica discriminación laboral.
A dos meses de fin de año, es esperar que al menos los docentes lleguen a las Fiestas con su estatuto renovado. Las otras deudas, se sospecha, seguirán en pie, hasta que alguien se anime a discutir los temas que queman.