Una traba judicial reavivó viejas polémicas

La traba judicial que surgió en la licitación del servicio de recolección de residuos de la capital por un planteo de la empresa Diavil SRL, ya se preveía en julio en boca de algunos concejales que cuestionaron tantas idas y vueltas.
En el Concejo Deliberante, la elaboración del pliego de licitación estuvo signada por las sospechas de favoritismos. Tanto fue así que llegaron a definirlo como "muy manoseado". La controversia, inclusive, repercutió en la Legislatura, cuando el radical José Mendía denunció que se preparaba "un traje a medida para beneficiar a la empresa 9 de Julio (actual concesionaria)".
En una escandalosa sesión realizada el viernes 1 de julio, la mayoría de los ediles decidió incorporar una cláusula que, en aquel momento, generó la polémica, y que ahora provocó que la Justicia frenara la apertura de sobres de los oferentes.
Ese punto se refiere a los requisitos de experiencia que deben certificar las empresas interesadas en participar en el proceso licitatorio. El artículo exige que los oferentes certifiquen que ya cuentan con un contrato de 7 años en ciudades de 500.000 habitantes o más y que cumplan el servicio de recolección de residuos en 10.000 cuadras, como mínimo, y de barrido en 2.500 cuadras.
La inclusión de esas condiciones fue impulsada por el justicialista Eloy del Pino y apoyada por sus pares Ramón Cano, Armando Cortalezzi, José Miranda, Juan Carlos Mamaní, Gloria Díaz, Oscar Cano y Carlos Issa Assán. A esos ocho votos también se sumaron los bussistas Miguel Brito y Javier Morof.

Advertencias
"Cuántas empresas hay en el rubro que puedan acreditar un contrato de siete años. Sólo una", gritó Gustavo Usandivaras en el recinto. La justicialista Carolina Vargas Aignasse también cuestionó los agregados. "Creo que se deben asegurar las condiciones igualitarias para todos los oferentes, a efectos de evitar cualquier impugnación que, en el futuro, haga caer la licitación", afirmó en aquel momento.
Ahora, la empresa Diavil SRL cuestionó en sede judicial esos requisitos de experiencia. La firma consideró que se había afectado el derecho de igualdad de participación en la licitación.