Los presos en las comisarías

A pesar de que existe una disposición expresa de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia que prohíbe que se aloje en comisarías a las personas a quienes se priva de la libertad, son más de 100 los procesados detenidos en esas condiciones en Tucumán. El tema adquiere relevancia especial y no admite dilaciones en su resolución porque, además, las condiciones en las que los detenidos se encuentran dentro de las comisarías están muy lejos de ser siquiera aceptables. En las celdas conviven procesados y contraventores. En algunos casos los detenidos, que deben higienizarse precariamente y hasta hacer sus necesidades fisiológicas en el mismo ámbito, sufren enfermedades contagiosas que exponen a los demás a un peligro cierto y concreto, agravado por las condiciones de hacinamiento.
El problema de las comisarías desbordadas por la cantidad de detenidos está directamente vinculado a la superpoblación en las penitenciarías, hacia las que es imposible derivar a quienes, por su situación procesal, deben cumplir prisión preventiva; como no hay lugar en las cárceles, se quedan en las seccionales.
El artículo 18 de la Constitución Nacional dice con claridad: "las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice". No puede apartarse de esta norma clara y contundente la realidad que debe vivir una persona detenida y conducida a una celda en cualquiera de las comisarías de la provincia.
Pero el panorama que presentan actualmente las dependencias policiales es desolador. Se trata de edificios construidos hace décadas, y diseñados para ser lugares de tránsito y no de alojamiento, como fue consignado en la edición de ayer de nuestro diario. En esa misma publicación, la abogada de uno de los detenidos señalaba otra irregularidad, no menos preocupante: el hecho de que muchas de las personas privadas de su libertad no quieren denunciar las lamentables condiciones en la que se encuentran porque temen ser castigados.
Debe recordarse que, en estos casos, se trata de personas cuya culpabilidad en los delitos que se les imputa no ha sido probada, ya que los correspondientes juicios aún no tuvieron oportunidad de ser sustanciados. Se corre el peligro, entonces, de estar sometiendo a personas inocentes a un verdadero tormento, que no tienen por qué padecer. Y tampoco en el caso en el que la Justicia los encontrara culpables se justificaría el padecimiento adicional de soportar condiciones infrahumanas de alojamiento, en virtud del específico mandato constitucional expresado en el ya citado artículo 18.
Los funcionarios sostienen que los inconvenientes se producen por la falta de espacio y reconocen la magnitud del problema; el secretario de Seguridad ha anunciado que existe un plan para refaccionar las dependencias policiales de toda la provincia, a la espera del presupuesto que permita iniciar las obras.
Es cierto que el problema no es nuevo y que el aumento en la cantidad de delitos y de contravenciones contribuye a la superpoblación de las celdas -no sólo en las comisarías sino también en las cárceles-, pero no es el momento de buscar responsables históricos o de escudarse en la magnitud del problema para caer en la inacción. Debe buscarse una solución integral y ponerla en práctica de inmediato porque está de por medio la integridad física y moral de muchos ciudadanos, hayan cometido o no los delitos por los que fueron privados de su libertad.