El ex candidato a diputado nacional por el Frente Anticorrupción Osvaldo Cirnigliaro señaló que el Poder Ejecutivo, al llamar a elección de constituyentes para el 19 de febrero, se arrogó facultades legislativas que no le son propias. Por esta razón -entiende- todo el proceso electoral esta viciado de nulidad.
"No existe norma alguna que obligue a los partidos políticos a realizar internas abiertas, simultáneas y obligatorias para la selección de sus candidatos a constituyentes, razón por la cual los partidos están habilitados a realizar ese trámite de acuerdo con sus respectivas cartas orgánicas y a desconocer, por ilegal, el decreto del PE", señaló.
También apuntó que el decreto del Gobierno es nulo porque transgrede la normativa vigente, al no conceder los 90 días de plazo para que los partidos modifiquen sus cartas orgánicas y determinen el sistema de elección de constituyentes. Según Cirnigliaro, esto implica un claro avasallamiento a los derechos electorales y partidarios.
"Sin argumentos"
Además, entiende que la decisión del PE se tomó sin tener el cuenta la antelación legalmente establecida de 60 días para hacer el llamado a los comicios, e indica que el argumento esgrimido por el PE para justificar la convocatoria es improcedente, ya que no existe una urgencia objetiva. "O sea, nuevamente el PE ha legislado transgrediendo la ley en su contenido, mediante un instrumento no idóneo", afirmó.
"No existe norma alguna que obligue a los partidos políticos a realizar internas abiertas, simultáneas y obligatorias para la selección de sus candidatos a constituyentes, razón por la cual los partidos están habilitados a realizar ese trámite de acuerdo con sus respectivas cartas orgánicas y a desconocer, por ilegal, el decreto del PE", señaló.
También apuntó que el decreto del Gobierno es nulo porque transgrede la normativa vigente, al no conceder los 90 días de plazo para que los partidos modifiquen sus cartas orgánicas y determinen el sistema de elección de constituyentes. Según Cirnigliaro, esto implica un claro avasallamiento a los derechos electorales y partidarios.
"Sin argumentos"
Además, entiende que la decisión del PE se tomó sin tener el cuenta la antelación legalmente establecida de 60 días para hacer el llamado a los comicios, e indica que el argumento esgrimido por el PE para justificar la convocatoria es improcedente, ya que no existe una urgencia objetiva. "O sea, nuevamente el PE ha legislado transgrediendo la ley en su contenido, mediante un instrumento no idóneo", afirmó.








