Agujero negro

Los jueces de las cámaras penales entraron en conflicto a propósito de la morosidad que se ha notado este año en el sistema de juicios orales. Sólo se sortearon 222 en 2005, contra los 306 del año pasado, los 438 de 2003 o los 409 de 2002.
Poca cantidad, si se considera que la cárcel y las comisarías están saturadas de gente y que fiscales y jueces de instrucción calculan que ellos elevan para juicio unas 1.100 causas por año, con lo que se comprende el dato de que el 70% de los presos no tiene condena firme. Y el delito no ha disminuido, afirman los jueces.
La crisis revelada motivó una reunión convocada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Dato, para investigar lo que sucede. Allí se vio que los 18 jueces de cámara penal más los tres jueces de la Cámara de Apelaciones, más los cinco jueces de instrucción, manejan demasiadas visiones, muy distintas, del problema.
Los tres integrantes de la Cámara de Apelaciones, Eudoro Albo, Liliana Vitar y Graciela Jiménez, negaron que ellos sean un cuello de botella que tapona la tarea de los jueces que hacen los juicios.
Estos dicen que, cuando todos los jueces actuaban a la vez en juicios y en apelaciones (entre 2001 y 2003), el sistema funcionaba mejor.
Tener una sola cámara de apelaciones "va en contra de los tratados internacionales e implica una peligrosa y preocupante concentración de poder", dijo el juez Pedro Roldán Vázquez. En cambio, Liliana Vitar sugirió que la disminución del número de juicios puede deberse a la demora en cubrir los cargos vacantes.
La disputa va a seguir, porque las visiones son distintas y los jueces parecen tener pocos puntos en común. Como los fiscales de Instrucción, se reúnen poco entre ellos para debatir su organización de trabajo.
No obstante, a la hora de definir roles y responsabilidades, hay que decir que ellos son el último eslabón del sistema penal, la última respuesta que tiene la sociedad ante los conflictos. Previamente estuvieron la Policía, los fiscales y los jueces de Instrucción, en una investigación que lleva su tiempo. Muchos reos que esperan juicio han pasado más de dos años detenidos y deben ser puestos en libertad sin que se haya debatido si son culpables o inocentes.El primer eslabón, la Policía, está en una crisis de identidad y de tareas.
Hace pocos días, a través de la encuesta de victimización que están realizando las autoridades de seguridad, se reveló que mientras la mitad del trabajo policial se va en resolver conflictos vecinales -que normalmente no llegan a juicio-, la gente hace muy pocas denuncias sobre lo que más teme: hurtos y arrebatos.
Primer problema: los primeros investigadores están fuera de foco con la realidad. Ya se está planteando la necesidad de que este tipo de conflictos se resuelva con la mediación. A esto se agrega que los fiscales opinan que una gran parte de las causas que se instruyen en la Policía están mal hechas.
El segundo eslabón, los fiscales, y el tercero, los jueces de Instrucción, están saturados de trabajo. El ministro fiscal, Luis de Mitri, calcula que se precisan diez nuevas fiscalías. Además, los cinco jueces de Instrucción son insuficientes. Y varios de ellos, que fueron elegidos con el sistema que estrenó el actual Gobierno, están en la mira y son cuestionados ante cualquier error.
El último eslabón son los camaristas. Al debate se sumó el presidente del Colegio de Abogados, que dice que hay que eliminar la cámara de apelaciones única.
Todo esto habla de la crisis del sistema, que es general en el país. La jueza federal de Buenos Aires, Angela Ledesma, ya planteó que esto no funciona porque la investigación penal preparatoria es el gran agujero negro.
Dijo que hay mucho papeleo, exceso de formalidades y falta de definición de lo que es importante. Y las cosas no se solucionarán mientras políticos y sociedad cierren los ojos.