Grave cuestionamiento a la Justicia

El Poder Judicial argentino tan sólo tiene una independencia formal de los poderes políticos, a juicio del 87,4% de los abogados que son actores del servicio de justicia, según un estudio de opinión difundido por la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Dicha investigación fue confiada al Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, que indagó los puntos de vista de 1.254 letrados, el 97,7% de los cuales también opinó que el sistema judicial no satisface las necesidades de nuestra sociedad.
Por su parte, la encuestadora indagó igualmente a la gente común, que llegó a conclusiones muy similares: el 92% opinó que la institución no funciona bien, mientras el 54% sostiene que es muy difícil el acceso al sistema judicial. Lo rotundo de esas investigaciones corrobora un pensamiento muy generalizado en la sociedad, por más que el juicio implique fatalmente discriminaciones inmerecidas de buena parte del personal judicial, desde magistrados hasta el más bajo cargo administrativo.
La visión más adecuada del problema debe ser, pues, institucional, donde el déficit histórico es extraordinario y consecuente con la prolongada pérdida de calidad constitucional que no dejó de afectar a la República desde hace 70 años.
El ministro de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, tuvo algunas consideraciones al presentarse ese trabajo. Quizá la más llamativa apuntó a la necesidad de asumir que, en las últimas décadas, los poderes políticos realizaron muy poco para desarrollar las instituciones, especialmente la judicial, introduciendo muchos cambios en la composición tribunalicia.
Es hora de cambiar -señaló el magistrado- porque la estabilidad genera confianza. Lorenzetti anunció en la misma ocasión que la Corte ha convocado a un debate entre los jueces de todo el país -desde el mes próximo hasta marzo- para discutir sobre ética y la necesidad de relacionarse con la sociedad y la comunicación.
Una guía ineludible para avanzar en la recuperación pública del Poder Judicial plantea exigencias y recomendaciones muy concretas. Debe valorizarse la independencia de los jueces, para que se sientan parte de un real poder del Estado; exigirles la observancia de normas éticas; seleccionar al personal adecuadamente, con capacidad para la función; planificar el desarrollo de la Justicia de acuerdo con un programa global, elevando su ejecución a nivel de política de Estado, y aceptar que todo presupuesto insuficiente debe imponer la reasignación de recursos.
La Corte se mantuvo sin intervenciones de los poderes políticos desde 1863 a 1946, cuando su relevo casi total por el peronismo fue el punto de partida de ese vértigo histórico que terminó en su descrédito y el de la institución judicial. Esa escalada decadente superó, inclusive, al número de gobiernos civiles y militares en el mismo tiempo, contribuyendo decisivamente a la pérdida de calidad institucional. No sólo por los poderes políticos absolutos, sino por la incapacidad judicial de enfrentarlos para corregir los desvíos constitucionales.
En la actualidad, si bien puede considerarse excesiva la renovación del máximo tribunal planteada por el Poder Ejecutivo, no es menos cierto que, hasta el momento, han sido más numerosas las decisiones de la Corte que apuntan un rumbo hacia la independencia.
Mas no bastará con ello para recuperar entre la comunidad nacional el crédito de una justicia eficiente, capaz asegurar el orden jurídico con plenitud constitucional. Misión imposible, en verdad, si no se sostiene sobre un trabajo planificado de reorganización para responder adecuadamente, en tiempo y calidad de gestión, los requerimientos de la sociedad.