Empleados del Estado serían cómplices de usurpaciones

Conocer el circuito que recorrieron los expedientes que habilitaban la venta de 437 hectáreas fiscales en las direcciones de Catastro y de Registro Inmobiliario será clave para determinar si existió complicidad de agentes del Estado en la presunta falsificación del sello y de la firma de funcionarios públicos.
En esa dirección avanza la investigación que lleva adelante el fiscal de la II Nominación, Carlos Albaca, a partir de una denuncia presentada en agosto por el titular de Catastro, Félix Herrero.
El funcionario alertó que particulares habrían pretendido desbloquear la matrícula del predio de 437 hectáreas ubicado en La Encrucijada (Leales). Para ello, recurrieron a una resolución supuestamente firmada por él. En su denuncia, Herrero detalló que existen dos matrículas de registración sobre el mismo bien. Una, a nombre del Gobierno provincial y otra, en manos privadas.
Utilizando esta matrícula melliza, dos particulares habrían concretado la venta del inmueble a través de una escribanía de Santiago del Estero. Paralelamente, también se habría firmado un contrato de arriendo trucho de las tierras. Este convenio fue ingresado en el Registro Civil para su inscripción tomando como base la matrícula en manos particulares. Además, el sello que consigna el pago de los impuestos para esta transacción no correspondería al Banco del Tucumán.