Involucran a estatales en las usurpaciones

Empleados públicos de al menos dos reparticiones provinciales estarían involucrados en la presunta falsificación de instrumentos públicos para facilitar la usurpación de terrenos fiscales, según la investigación que lleva adelante el fiscal de la II Nominación, Carlos Albaca.
Las pesquisas se iniciaron a partir de una denuncia presentada por el director de Catastro, Félix Herrero, el 24 de agosto pasado. Según el escrito, con su sello y su firma falsificados, se habrían intentado vender 437 hectáreas fiscales ubicadas en La Encrucijada (Leales). El objetivo habría sido el desbloqueo de la matrícula de dominio del inmueble (paso previo a la habilitación para la venta del bien en disputa).

Dos matrículas
En su presentación, Herrero detalló que los terrenos fueron adquiridos por la Provincia luego de una ejecución hipotecaria. Curiosamente, en la Dirección de Registro Inmobiliario figuran dos matrículas sobre el mismo inmueble. Una, a nombre del Gobierno, y la segunda, en manos de un particular, Rodolfo Alberto Dantur. Sin embargo, ambas consignan el mismo número de padrón, correspondiente a la parcela adquirida en subasta por el fisco provincial.
Al detectar la maniobra, las autoridades de Catastro requirieron al Registro Inmobiliario el bloqueo de la matrícula melliza. Posteriormente, apareció una supuesta resolución que lleva la firma y el sello de Herrero, mediante la cual el funcionario reconsidera su posición en favor de otro particular, Daniel Osvaldo Salcedo. "La falsificada resolución favorece en forma directa a esta persona", había expresado Herrero en su denuncia.

Movimiento interno
Tras la ratificación de la denuncia, el fiscal Albaca pretende conocer el funcionamiento y el procedimiento interno de los expedientes.Fuentes judiciales confirmaron a LA GACETA que la falsificación de los instrumentos habría sido imposible sin la colaboración de personal de las reparticiones de Catastro y de Registro Inmobiliario. Por eso, la reconstrucción de la ruta de los expedientes en cuestión puede resultar crucial para el resultado de la investigación. "Es necesario conocer en dónde se puede haber cometido el ilícito, porque son muchos los agentes que intervienen en el movimiento de los papeles y los expedientes se pueden cambiar en cualquier tramo del recorrido", reconocieron en Tribunales.El usufructo de las 437 hectáreas en cuestión acarrea un sinfín de anomalías, puesto que desde el Registro Inmobiliario también se denunció la presunta firma de un contrato de arriendo trucho, también entre particulares, para su explotación agrícola.
Se trataría de un convenio con opción a compra por el término de 10 años, sustentado en la matrícula de registro supuestamente melliza. La directora del organismo, María Laura Ojeda de Colombres, sostuvo que el documento habría estado acompañado por un comprobante de pago de impuestos que consigna un sello que no correspondería al Banco del Tucumán.